Emili J. Blasco.
Cuando se leen las 297 páginas del acuerdo de paz colombiano llama la atención que, más allá de regular cómo los guerrilleros cuelgan las armas y los uniformes, se ponga en marcha todo un entramado de organizaciones y programas sociales que las FARC podrán utilizar como trampolín. El objetivo del Gobierno ha sido siempre la paz, el de las FARC, el dominio político. Doblegada en el campo militar, la principal guerrilla colombiana no ha tenido ningún problema en dejar las armas, porque el acuerdo le catapulta para su último propósito.
Diríase que en la negociación el Gobierno se centró solo en los aspectos logísticos y jurídicos del cese de hostilidades, como hizo en 2003 cuando negoció con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (UAC), y permitió que las FARC moldearan el resto del acuerdo. Los paramilitares, sin pretensiones políticas directas, no tenían propósitos colectivos ulteriores y acogieron la desmovilización como punto final, pero para las FARC es un punto de arranque.
Ciertamente ahora comienza lo más difícil, que en realidad no es la implementación de los aspectos más espinosos del acuerdo. Colombia deja atrás su conflicto armado y puede entrar en un conflicto político-social. Una izquierda radical crecida y fuerte, con los tics del chavismo, rompería el consenso esencial que ha regido el país durante muchos años, haciéndolo menos gobernable.
Lo dicho hasta aquí no es la defensa de un determinado voto en el plebiscito. La paz siempre tiene un precio y las oportunidades pocas veces se repiten; además hay quien puede pensar que las ventajas dadas a las FARC no son decisivas, pues quizá se sobrestima su futura capacidad de incidencia social y política. En cualquier caso, tampoco habría que subestimarla: las divisiones dentro del liberalismo democrático –entre el partido del presidente Santos y el del expresidente Uribe– dejan un resquicio de mal augurio.
ARMAS E IMPUNIDAD, LO DE MENOS. El debate ciudadano se centra en la dejación de armas y en la excepcionalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es lógico que eso se lleve casi toda la atención, dados los miles de víctimas de un conflicto de décadas. Pero para la dirección de las FARC eso es ya casi lo de menos. La entrega de armas es algo más simbólico que operativo: aparte de las armas que hayan podido esconder, las FARC tienen abundante dinero para comprar nuevas en caso de necesitarlas. En cuanto a las sanciones, se trata de un régimen bastante blando (solo los implicados en los delitos más graves recibirán sentencias de cárcel, un máximo de ocho años en los peores casos si hay reconocimiento de culpa), cuya aplicación no tiene porqué generar una insuperable controversia entre el Estado y la guerrilla.
PLATAFORMA DE DOMINIO SOCIAL. Lo realmente trascendente para las FARC es que han conseguido una plataforma que les puede permitir un cierto dominio social en sus zonas de influencia con el fin de alcanzar una mayoría electoral. Nuevamente, lo más controvertido respecto a ventajas económicas y electorales (la entrega de un salario, que en dos años podría suponer para cada guerrillero un total máximo de 6.000 dólares, y los cinco asientos garantizados en cada una de las dos cámaras del Parlamento), es quizás lo menos determinante. Lo sustancial es que el acuerdo prevé un régimen de «economía solidaria y cooperativa», dirigido por «asambleas comunitarias», en buena parte del territorio más afectado por el conflicto, y sitúa a las FARC en el centro de ese sistema, beneficiándose de subsidios y créditos.
LAS MISIONES CHAVISTAS. Cuba asesoró a Chávez sobre la implantación de las misiones bolivarianas y no es de extrañar que ahora haya podido aconsejar a las FARC sobre un instrumento parecido para el control social. Por un lado, las FARC van a participar en las comisiones para el reparto de tierras (tres millones de hectáreas) y la formalización de propiedades (siete millones de hectáreas), en los programas de desarrollo rural y en el plan de sustitución de cultivos para la erradicación del cultivo de coca. Todo eso se hará con fondos públicos, pero los exguerrilleros pueden quedar ante la población local como los grandes conseguidores. Por otro lado, las FARC pondrán en marcha una organización de cobertura nacional denominada Economías Sociales del Común (ECOMÚN), que puede dar trabajo a buena parte de militantes y canalizar ayudas al medio rural, utilizando subvenciones estatales.
OTRAS PAUTAS DEL CHAVISMO. La pauta chavista parece seguirse además al reclamar la implementación de medios electrónicos en los procesos electorales (conocida es la manipulación en las votaciones venezolanas, aunque un sistema electrónico es políticamente aséptico si existe suficiente transparencia) y la posibilidad de sustituir el actual Consejo Nacional Electoral (eso hizo Chávez y el control de ese tipo de órganos se ha repetido en otros países del Alba).