A medida que los meses han indicado que no existe coexistencia posible entre un Poder Ejecutivo que se niega a rectificar y someterse al espíritu y la letra de la Constitución, y otro, el Legislativo, que fue renovado el 6D y recibió el mandato popular que rescatar la institucionalidad democrática, el choque entre los únicos poderes electivos del país ha resultado inevitable y parece acercarse a una solución definitiva.
Esta es para la AN, la MUD y la comunidad internacional, la celebración del Referendo Revocatorio este mismo año, que decidiría, de acuerdo a un pronunciamiento electoral, si Maduro continúa en Miraflores o es sustituido por otro presidente.
Pero Maduro, jefe del Poder Ejecutivo y los otros poderes públicos que se le han plegado (el TSJ, el CNE y la Fiscalía) insisten en boicotear el Revocatorio, y lo han convertido en una suerte de enemigo que deben rechazar con todo.
Por ejemplo, desde el TSJ, Maduro ha creado una AN ilegal y paralela, cuya misión es anular las leyes aprobadas por la auténtica, la elegida en diciembre con mayoría absoluta, e, incluso, ha amenazado con anularla.
Por su parte, los diputados han ido con pulso, pero sin pausas, aceptando los retos que le ha planteado Maduro, descubriendo el carácter dictatorial del régimen y consiguiendo el apoyo de las mayorías nacionales y de la institucionalidad democrática internacional, para destituirlo constitucionalmente.
Esta semana el chavimo presionó al TSJ para que produzca una sentencia para la disolución de la AN y la Asamblea Nacional ha reaccionado apresurándose a aprobar una decisión que desconozca a 13 magistrados electos ilegalmente.
El choque entre los poderes Ejecutivo y Legislativo sigue recrudeciéndose entonces y los resultados pueden preverse objetivamente a favor del segundo, a menos que Maduro se mida en con el pueblo en el revocatorio y acepte que el tiempo de los dictadores ya pasó.