Pedro Pablo Peñaloza
La idea no es nueva. De hecho, el comandante Hugo Chávez la utilizó el 13 de abril de 2012. “He decidido nombrar un comando especial antigolpe y ese comando ya está funcionando”, señaló el entonces presidente de Venezuela, en el inicio de su última campaña electoral.
“La primera tarea de ese comando especial antigolpe cívicomilitar va a ser elaborar en las próximas semanas el plan especial anti golpe, un plan integral que tiene que ver con todo el ámbito o con todos los ámbitos de la realidad nacional, no sólo el orden público, no sólo la estabilidad, no, también tiene que ver con la economía”, añadió entonces.
Cinco años más tarde, la historia vuelve a repetirse. Aunque el protagonista es otro. “Voy a delegar la batalla contra el golpe de Estado en un comando especial antigolpe por la paz y la soberanía”, anunció el presidente Nicolás Maduro, el domingo 8 de enero.
“Para que ese comando se dedique las 24 horas del día a tomar las medidas preventivas, legales y correctivas contra todos los sectores golpistas y terroristas a nivel interno, a nivel político, a nivel económico y a todo nivel”, detalló el mandatario.
Este último relanzamiento tiene, en realidad, un antecedente más cercano. “Voy a reactivar el comando nacional antigolpe, en cada región tendré un comando antigolpe cívicomilitar. Será una de las instituciones para batallar todo esto, para ganar esta batalla, en todo”, expresó Maduro el 25 de octubre de 2013.
En aquella oportunidad, el presidente venezolano justificó la medida argumentando que “estamos ante la presencia de un golpe continuado contra el Estado y contra el pueblo”.
Sin embargo, en esta ocasión, el Jefe de Estado se lo ha tomado más en serio. Designó al vicepresidente Tareck El Aissami al frente del “comando” y en menos de una semana ya han encarcelado a seis personas, todas relacionadas con la disidencia política, incluidos el exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, y el diputado opositor Gilber Caro, acusado de tener en su poder un arma de guerra y barras de explosivo C4 para perpetrar “actos terroristas y desestabilizadores”.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, alertó que la instancia encabezada por El Aissami “lo que hace es incrementar la cantidad de presos políticos y profundizar el mismo camino que nos trajo a la crisis”.
La crítica se extendió hasta los sectores que se identifican con Chávez, pero repudian a Maduro. El mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones declaró que las acciones del comando antigolpe representan “la violación de los derechos políticos de los ciudadanos que tenemos derecho a disentir del Gobierno”, y en referencia al caso de Caro agregó: “ya hemos visto amenazas de golpe y detenciones donde se configuran falsos positivos y el Gobierno ha sido muy irresponsable en el manejo de esas situaciones”.
Aumenta la persecución
El pasado 31 de diciembre los medios reseñaron la liberación de siete presos políticos, entre quienes destacaba el exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Esta semana la noticia es que aprehendieron a otros seis. Junto con Baduel y Caro cayeron Steicy Escalona, novia del legislador de Voluntad Popular, los concejales Jorge Luis González y Roniel Farías, y el dirigente juvenil Irwing Roca.
El chavismo dice enfrentar un “golpe de estado continuado”, una especie de conjura permanente en la que interviene la disidencia, los empresarios, la derecha mundial y el “imperialismo” norteamericano. Partiendo de ese supuesto, el Gobierno persigue, inhabilita políticamente y detiene a líderes y militantes de la oposición tachados de “conspiradores”.
La organización Foro Penal Venezolano subraya en su informe de 2016 que “la represión y particularmente la encarcelación sistemática con fines políticos continúa siendo una política de Estado en Venezuela”. La asociación civil recalca que “desde que el presidente Nicolás Maduro asumió el poder, la persecución política en Venezuela se ha incrementado exponencialmente (…) existe un acumulado desde el 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016 de 429 presos políticos, de los cuales, para finales de 2016, 103 se mantienen tras las rejas o bajo arresto domiciliario”. En el 2013, año en el que Maduro asumió el poder, contabilizaron solo 13 presos políticos.
En esa lista de 103 presos políticos figuran el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión, y el ex alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, bajo arresto domiciliario. El régimen chavista le achacó a López toda la responsabilidad por las muertes que dejaron las protestas que demandaban la salida de Maduro a principios de 2014. Ledezma fue apresado en febrero de 2015, luego de que el Presidente asegurara que había desmantelado un “atentado golpista”. Cuatro civiles y cuatro militares fueron condenados a prisión este año por ese presunto complot.
Un hecho similar ocurrió en agosto de 2016. El Gobierno ordenó capturar y encarceló a un grupo de dirigentes opositores a los que vinculó con planes terroristas y desestabilizadores. Allí resultaron implicados por las autoridades el directivo de Avanzada Progresista, Carlos Melo, y Yon Goicoechea, Lester Toledo y los alcaldes Delson Guarate y Daniel Ceballos, voceros de Voluntad Popular. “Hoy hemos derrotado una intentona golpista que pretendía llenar de violencia, de muerte, a Venezuela y a Caracas”, sentenció Maduro el primero de septiembre, día en el que la Unidad desarrolló la llamada “toma de Caracas”, una manifestación que convocó a decenas de miles de personas para exigir la celebración del referendo revocatorio.
Todos estos casos siguen el mismo patrón: el golpe nunca ocurre, pero siempre terminan opositores tras las rejas. Ahora comienza un nuevo capítulo en este relato y Maduro, quien ha amenazado con cárcel hasta a los diputados que cuentan con inmunidad, ha dejado claro cuáles son sus intenciones. “Oligarcas temblad y ríndanse porque llegó el comando antigolpe ¡que viva el comando antigolpe!”, vociferó el mandatario.
Vía Diario Las Américas