Maibort Petit.
En 2015 lloraban lamentando su suerte: Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron capturados en Haití el 10 de noviembre de ese año cuando presuntamente intentaban coordinar el envío de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Los parientes del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores están siendo enjuiciados en una corte de Nueva York. Este es el recuento del inicio del proceso contra estos jóvenes quienes según su defensor no son más que “estúpidos” que fueron engañados por la DEA.
Es el primer día del juicio de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana. Para este momento, ya Efraín Antonio Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas llevan 362 días presos en el Centro Correccional de Manhattan (CCM), una cárcel federal que alberga a famosos terroristas, narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco como “Bernie” Madoff. Allí los dos hombres han estado viviendo en una celda pequeña, con camas individuales y un baño compartido. Atrás quedó aquella vida llena de privilegios, riquezas y lujos, que la fiscalía de Nueva York ventila como un aspecto clave para ganar este caso.
Durante casi un año hemos visto los cambios físicos que han experimentados los sobrinos de la pareja presidencial. Campo Flores pasó de las lágrimas, los padrenuestros y los rezos del primer día, a asumir una actitud más altiva y prepotente.
Desde aquel 12 de noviembre de 2015, cuando el hijastro de Maduro pasó unos diez minutos llorando y lamentando su suerte, este abogado venezolano, casado, con dos hijos y aparentemente poseedor de propiedades que van desde varios Ferrari, potentes armas, apartamentos y hasta un negocio en Panamá, se transformó drásticamente. En las últimas apariciones se le ha visto risueño, alegre, fornido y recio, aunque llama la atención la sed insaciable que le obliga a tomar agua constantemente. Por lo general llega a la sala sonriendo y no para de hablar con su abogado John Zach. La primera semana de juicio hasta hizo gala de su romanticismo, lanzándole besos a su esposa y a las amigas que la acompañaban.
La cara de Campo Flores solo cambió el jueves 10 de noviembre cuando el jurado escuchó su voz explicando con lujo de detalles la operación que pretendía realizar para enviar 800 kilos de cocaína a Honduras y cuyo destino final era Estados Unidos. Su rostro se mostró compungido y atribulado.
La cara de Campo Flores solo cambió el jueves 10 de noviembre cuando el jurado escuchó su voz explicando con lujo de detalles la operación que pretendía realizar para enviar 800 kilos de cocaína a Honduras y cuyo destino final era Estados Unidos
Lo contrario ha ocurrido con Flores de Freitas quien desde el principio ha exhibido una actitud de disgusto y desazón.
El hombre de 31 años, que solo estudió hasta el cuarto año de bachillerato, y que a decir de la defensa, “vivía en un apartamentico de dos habitaciones en el oeste de Caracas, que compartía con un room mate, y que trabajaba reparando celulares en una pequeña tienda ubicada en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco”, refleja en su mirada una elevada dosis de ira y frustración. Apenas se le ha visto sonreír una sola vez. Fue durante el primer día del juicio cuando vio a una mujer joven y bella sentada en la segunda banca detrás de los asistentes de los abogados: su acompañante sentimental en Caracas.
Campo Flores y Flores de Freitas están acusados por el gobierno norteamericano de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos y enfrentan una posible pena de prisión superior a 10 años, el pago de miles de dólares por los costes del juicio y -probablemente- aportes al fondo de restitución de víctimas de las drogas de EEUU.
El jurado que emitirá el veredicto final de “culpables” o “no culpables” está conformado por 16 personas. Los miembros principales (12) son 7 mujeres y 5 hombres, y 4 suplentes (3 mujeres y un hombre). La mayoría de las personas son afroamericanas pero hay una diversidad que incluye a latinos, blancos y asiáticos.
En la 14C de la Corte Federal
Dentro de las novedades que se han visto durante los primeros días de juicio que comenzó el 7 de noviembre está la presencia de tres mujeres familiares de los sobrinos presidenciales. Entre ellas destaca Jessair del Valle Rodríguez Camacho, esposa de Campo Flores, quien ha aparecido vestida con ropa muy elegante y carteras costosas. Se nota que le gusta lucir bien, lleva su cabello como si acabara de salir de la peluquería, maquillada y con coquetos accesorios.
Las dos mujeres que la acompañan, una de las cuales al parecer es la novia de Flores de Freitas, también lucen glamorosas y sin ningún tipo de preocupaciones. Las vimos irse de la corte el lunes en la noche en un carro con chofer. Todas usan celulares de última generación y no se les nota intranquilas.
Las sonrisas del primer día
Lunes 7 de noviembre de 2016. Todos acudieron a la cita a las 9:30 de la mañana. Los seis abogados de los acusados lucían regios. Llegaron atestados de papeles, carpetas y unas sonrisas que transmitían la sensación de victoria, o -al menos- eso era lo que querían comunicar a la prensa y al jurado.
También aparecieron los fiscales con un carrito de compras lleno de documentos. Esa mañana entró en escena el célebre fiscal Preet Bharara, quien fue directo a conversar con sus asistentes y saludó a su ex colaborador, Randall Jackson, con un golpe cariñoso en la espalda. Jackson, quien es el abogado estrella de Campo Flores, le respondió el saludo con una gran sonrisa y un gesto de respeto y amistad.
Bharara estuvo presente hasta que el fiscal adjunto Emil Bove concluyó la presentación del caso frente a los jurados. Trataba a toda costa (aunque sin éxito) de pasar desapercibido entre los periodistas y curiosos que estaban en el lugar. El temido fiscal neoyorquino estuvo acompañado por agentes del FBI, de la DEA y de la Oficina Internacional contra el Terrorismo. Eran como unas 20 personas que se sentaron en la parte de atrás del salón, evitando las miradas de los periodistas. Cuando concluyó la exposición del gobierno, Bharara le hizo a Bove una señal de “ok” y salió rápidamente del salón dejando a sus acompañantes en la sala de la corte.
El fiscal Bove prometió al jurado que en los próximos días iban a escuchar a los acusados hablando claramente de enviar cocaína a Honduras y que ambos sabían que la droga estaba destinada a Estados Unidos.
Bove mostró al jurado la foto de Campo Flores manipulando un ladrillo de cocaína, al igual que reveló que la droga, objeto de la conspiración, fue suministrada por las Farc, el grupo terrorista colombiano. El fiscal dijo que fue Campo Flores quien confesó que las Farc eran los proveedores de los miles de kilos de drogas que se pretendía enviar a Estados Unidos.
Bove hizo hincapié en que la droga que entra al país es la causante de miles de muertes de americanos, que consumen el veneno enviado por los narcotraficantes.
En la declaración de apertura el fiscal Bove dijo que los acusados sabían lo que estaban haciendo y que se sentían poderosos, apoyados por el gobierno de Venezuela. Comentó que los acusados confesaron que una parte del dinero de la negociación de droga sería para pagar la campaña de la primera dama, Cilia Flores, a las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.
Por su parte, la defensa aseguró que la operación falló y que estaba repleta de errores de toda naturaleza. En este caso no hay droga, “cero cocaína” dijo uno de los abogados.
La defensa insistió en que los dos hombres eran inexpertos y tan estúpidos –son sus palabras- como para tomar decisiones estúpidas
La defensa de Campo y Flores acusó a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) de apuntar a sus clientes debido a su estrecha relación familiar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama Cilia Flores, a la vez que advirtió que no es ningún secreto que el gobierno venezolano no es aliado del gobierno de Estados Unidos.
El abogado John Zach descalificó la investigación, a los informantes y a los agentes de la DEA que participaron en la operación. Advirtió que el hecho de que el gobierno nunca obtuvo la cocaína era razón suficiente para que el jurado tuviera “una duda razonable”.
La defensa insistió en que los dos hombres eran inexpertos y tan estúpidos –son sus palabras- como para tomar decisiones estúpidas, y que los tres informantes confidenciales se encargaron de explotar la inexperiencia de los sobrinos de Nicolás Maduro para lograr su cometido.
La defensa dijo que los informantes apuntaron a sus clientes porque vieron una gran recompensa y explotaron su ingenuidad y su absoluto desconocimiento del mundo del narcotráfico.
Según los abogados el caso es el resultado de una conspiración elaborada por el gobierno de EEUU con objetivos de política internacional, que incluyó un plan de entrampamiento, en el cual informantes y testigos confidenciales cumplieron órdenes de la DEA para incitarlos a cometer un delito por el que pudiesen ser juzgados en EEUU.
En ese sentido, los seis defensores de los dos venezolanos acusados de narcotráfico: Randall W. Jackson, John T. Zach, Joanna C. Wright, David M. Rody, Michael D. Mann y Elizabeth A. Espinosa han establecido los siguientes elementos para probar ante los miembros del jurado la inocencia de sus clientes.
1) Campo Flores y Flores de Freitas fueron víctimas de una trampa y no pueden ser condenados por los delitos imputados en la acusación porque fue el mismo gobierno estadounidense el que les dio la idea de cometer el crimen y les convenció para cometer la conspiración en la forma necesaria para que dicho evento calificara como un delito federal, inclusive antes de que los agentes del Estado se comunicaran por primera vez con los venezolanos.
2) Los sujetos vinculados al gobierno norteamericano (informantes y testigos confidenciales y agentes de la DEA) trabajaron de manera coordinada para incitar a los acusados a cometer el delito y a dejar las huellas necesarias para que fueran juzgados en los términos que ellos mismos plantearon al inicio del complot.
Para que los acusados puedan demostrar que fueron inducidos a cometer el delito deben presentar alguna evidencia de que el gobierno puso en marcha el crimen. En ese caso, el jurado debe decidir si la fiscalía está en capacidad de probar- más allá de toda duda razonable- que antes de que los agentes del gobierno se acercaran por primera vez a los acusados Campo Flores y Flores de Freitas estaban listos y dispuestos a cometer la conspiración en la forma necesaria para que constituyera un crimen bajo la ley federal.
Por su parte, el gobierno tiene que probar que los acusados tenían una predisposición a cometer el delito de importar narcóticos a Estados Unidos.
¿No sabían?
Otro aspecto que han alegado los abogados de los sobrinos de Nicolás Maduro es que el gobierno de Estados Unidos no puede demostrar -más allá de toda duda razonable- que los acusados entraron en la conspiración que supuestamente se discutió en octubre de 2015 y que implicaba transportar un cargamento de 800 kilos de cocaína de Venezuela a Honduras, con la intención de que una parte de esa cocaína fuera trasladada a Estados Unidos.
Los abogados intentan comprobar que “el gobierno inyectó unilateralmente el elemento de que el supuesto envío de droga iba a Estados Unidos”. Es decir, que los acusados no tenían conocimiento de ese asunto, ni manifestaron su intención a los informantes de querer participar en la acción específica, voluntaria, afirmativa, de dirigir las actividades de una conspiración hacia Estados Unidos.
En cuanto a este aspecto en particular los defensores planean instar al jurado a realizar un juicio sobre el testimonio de los testigos, aliados al gobierno, que participaron en la operación con la intención de que los mismos sean descalificados.
CW-1 actuó como testigo cooperante en la operación y fue el primer contacto con los acusados. Su testimonio no se puede escuchar en vivo porque este sujeto fue asesinado en Honduras el 4 de diciembre de 2015. Su identidad fue confirmada por la DEA: se llamaba Carlos Amílcar Leva Cabrera.
La defensa sostuvo que los informes presentados por CW-1 no pueden ser utilizados como evidencias porque carecen de valor probatorio. De hecho, los acusados habían pedido al juez de la causa, Paul Crotty, bloquear cualquier testimonio relacionado a una reunión que sostuvieron los acusados con ese testigo en Honduras el 4 de octubre de 2015. El juez lo negó.
Igualmente intentaron que la corte no aceptara como evidencia la fotografía tomada a las afueras del restaurante en Honduras donde se hizo el primer encuentro. En relación a esa imagen, que fue la única que CW-1 envió al agente especial de la DEA Sandalio González, los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas dicen que fue alterada y solicitaron al juez que no se admitiera ni se hiciera pública. El juez negó la petición y la foto fue mostrada en la audiencia.
Campo Flores aparece manipulando un kilo de polvo blanco y se le ve hablando por radio a uno de sus guardaespaldas pidiendo que le buscaran una navaja para abrir el paquete
La fotografía en discusión es una de las pruebas que reseñó el informante (CW-1) del encuentro en San Pedro Sula, Honduras. El encuentro no fue grabado ya que -según el reporte- el testigo confidencial no se sentía seguro de llevar los aparatos a esa primera reunión con los acusados. La foto fue tomada a las afueras del restaurante por una mujer que acompañó a CW-1 y cuyo nombre se desconoce.
Con la intención de desacreditar a los informantes de la DEA, los abogados de Campos Flores hicieron algunos señalamientos sobre este tema, entre los que destacan:
1- Uno de los testigos propuestos por el gobierno fue condenado previamente por un crimen y castigado con más de un año en la cárcel. Esta condena pone en evidencia que se debe considerar una evaluación sobre su credibilidad. Se debe tener en cuenta el hecho de que los testigos que declararon son delincuentes convictos para decidir qué parte de su testimonio se debe aceptar y qué peso se le debe dar.
2- Si un testigo ha declarado falsamente con respecto a cualquier hecho material, o si se encuentra que un testigo previamente ha testificado falsamente bajo juramento, el jurado podría rechazar el testimonio del testigo en su totalidad, o puede aceptar solamente las partes del mismo que crea que son veraces y que puedan ser corroboradas por otras pruebas independientes.
3.-Si se ha oído el testimonio de testigos que previamente se han declarado culpables del delito de hacer declaraciones falsas a las autoridades, se debe advertir al jurado que el testimonio de estos testigos debe ser tomado con cautela. El jurado puede decidir qué parte de este testimonio desea creer. Si se cree que un testigo ha dado falso testimonio en relación con cualquier asunto importante, entonces se puede desconfiar del testimonio del testigo respecto a otras cuestiones. El jurado puede rechazar todos los testimonios o puede aceptar partes del testimonio que se crean puedan ser verdaderas y darle tanto peso como piensa que merece, dice el documento.
Día 2: contra la DEA
El segundo día del juicio de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela -8 de noviembre- estuvo dominado por una agresiva estrategia de la defensa enmarcada en tres aspectos fundamentales: 1) Acabar con la credibilidad de los informantes confidenciales CS1, CS2 y CW1 ante los miembros del jurado; 2) Acabar con la credibilidad de los agentes de la DEA, y hacerlos ver como burócratas “incapaces de mantener la objetividad en una investigación que fracasó por la incompetencia de las personas involucradas” y 3) Sostener la tesis de que el gobierno de Estados Unidos elaboró un plan meticuloso para atrapar a dos peces gordos animados por intereses políticos y monetarios.
Los dos acusados vestían ropa de civil, con corbata, pullover y pantalones elegantes. Ambos estaban bien acicalados y descansados. Campo Flores se veía alegre y no paró de hacer bromas con su abogado. Flores de Freitas se limitó a conversar con su abogada latina, Elizabeth Espinosa con quien al parecer mantiene una excelente relación.
En la jornada del martes solo testificó el agente especial de la DEA Sandalio González. El abogado de Campo Flores, Randall Jackson, apuntó las baterías contra el agente encargado de llevar a cabo gran parte de la operación que finalizó con la captura de los dos hombres en Haití .
Lo primero que hizo Jackson fue poner en duda la información suministrada por las fuentes de la DEA, señalando que los ahora criminales convictos, José Santos Peña (CS-1) y José Santos R(CS-1) habían recibido millones de dólares del gobierno americano para hacer una investigación diseñada para tentar a los dos venezolanos. El abogado dijo que la DEA paga grandes incentivos a aquellos informantes que suministran datos que les permiten capturar a “peces gordos”. Y sin duda alguna “los sobrinos de Cilia Flores son unos de ellos”.
Aseguró al jurado que González había intimidado a los dos acusados al momento de hacerles el interrogatorio en el avión que los trasladaba desde Haití a Nueva York. Recordó que los dos imputados “estaban temblando de miedo” y que el agente se aprovechó de esto para presionarlos y hacerles hablar, amenazándolos con penas de por vida si no colaboraban con el gobierno estadounidense.
Dijo que es costumbre de la DEA hacer que los acusados procedan de inmediato con la declaración de culpabilidad para llegar a la cooperación de los involucrados, “pero cuando fracasan en los primeros intentos de llegar a un acuerdo entonces se empeñan en que el acusado testifique”, presionándolos para que confiesen el crimen que supuestamente cometieron. En ese sentido, dijo que González presionó a sus clientes para que testificaran en su contra sabiendo que ellos no tenían la capacidad de cometer dicho delito.
El agente de la DEA negó todos los señalamientos del abogado defensor de Campo Flores. Dijo que, por el contrario, los acusados habían declarado de manera voluntaria, que sus notas reflejaban lo que habían dicho ambos imputados y que no grabó los interrogatorios por un asunto “únicamente de seguridad”.
Contra los testigos
Jackson también confrontó la relación de González con CW-1, “El Sentado”. Afirmó que este testigo había mentido al gobierno de EEUU después de haber llegado a un acuerdo de cooperación.
Aseveró que “El Sentado” hizo negocios de drogas entre el verano y el otoño de 2015, justo después de haber llegado a un acuerdo con el gobierno para cooperar y evitar ser extraditado y juzgado en tribunales estadounidenses.
La defensa puso en tela de juicio la seriedad de la DEA en la escogencia de sus fuentes confidenciales, y catalogó como “un fracaso” el hecho que la agencia antinarcóticos de EEUU no haga un seguimiento a sus informantes, incluyendo una prueba rutinaria de drogas, el uso del polígrafo y la averiguación de sus cuentas bancarias o propiedades.
Sandalio González dijo que eso no estaba contemplado en los procedimientos de la agencia y que no había suficientes especialistas para realizar exámenes de polígrafo. Igualmente advirtió que la DEA no tiene presupuesto para tal fin.
Jackson acusó a González de haber establecido una relación de amistad con el informante CS-1, José Santos Peña, con lo cual habría perdido la objetividad en el trabajo realizado para capturar a Campo y a Flores. Resaltó que el agente de la DEA le había enviado saludos en el Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo, y que además prometió ayudarlo cuando los fiscales del gobierno lo encauzaron por haber cometido serios crímenes, entre los cuales está haber mentido a las autoridades federales.
El defensor de Campo Flores insistió en que la DEA instruyó a sus informantes sobre cómo conseguir las evidencias para encauzar a los dos acusados por un crimen federal, destacando que fue CS-1 quien siempre trajo a colación en las conversaciones que la droga iba a ser llevada a EEUU.
Los sobrinos de Cilia Flores se mostraron al público vestidos de ropa civil. Con corbata y suéteres elegantes, con el cabello bien cortado y afeitados de manera impecable. Campo Flores, como ya es costumbre, sonreía y conversaba muy animado con su abogado John Zach. Por su parte, Flores de Freitas siguió pensativo, reservado y solo sonrió cuando saludó a su mujer sentada en las bancas de la sala, y a otra señora cuya relación con el acusado no logramos averiguar.
Las esposas de los sobrinos de la pareja presidencial lucían elegantes, con hermosas carteras de marca y ropas finas bien combinadas.
Los abogados se presentaron como un equipo ganador, nada inusual en este tipo de casos con tanta repercusión mediática. Pero el asunto es que el caso de los Flores es criminal y será el jurado, luego de analizar las evidencias que presentó la fiscalía, el que decida si los dos hombres son culpables de conspirar para traficar droga a EEUU y de conspirar para manufacturar y distribuir dicha droga en territorio estadounidense.
Día 3: eliminen eso
La tercera audiencia se inició con la continuación del interrogatorio del agente especial Sandalio González. La defensa se aferró a un detalle técnico con el que pretende alegar que las declaraciones hechas por los dos acusados luego de ser arrestados en Haití, están llenas de imprecisiones, son subjetivas y carecen de valor probatorio.
Según los abogados el agente no pudo haber tomado las notas del interrogatorio, sostener el teléfono celular en la mano, concentrarse en las preguntas y a la vez estar pendiente de un posible ataque por parte de los dos detenidos.
Para la defensa es sumamente importante quitarle valor a esas declaraciones ya que en las mismas los dos hombres admiten haber cometido el delito por el cual son juzgados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Borrar al muerto
Nuevamente la defensa trajo a colación la solicitud de que el juez no permita que todos los testimonios aportados a la investigación por el testigo cooperante “El Sentado” sean considerados como evidencias por parte del jurado.
González declaró que el “El Sentado” -quien fue asesinado en Honduras poco después del arresto de los Flores- fue el primero en informar a la DEA que los dos acusados estaban interesados en hacer un negocio millonario de tráfico de cocaína. Un oficial venezolano habría contactado a los sobrinos presidenciales con el testigo cooperante a principios de octubre de 2015.
Después de su arresto, Flores de Freitas dijo a los agentes de la DEA que “El Flaco” lo puso en contacto con “El Sentado”, y Campo Flores dijo que “El Flaco” los había presentado a “narcotraficantes en Honduras”.
El testimonio y las evidencias aportadas por “El Sentado” son clave para la defensa ya que si se logra especificar que fue el testigo cooperante quien primeramente contactó a los sobrinos, entonces la defensa podría tratar de desmontar el caso, imponiendo la tesis de que fue la DEA la que montó el plan para agarrar a “dos peces gordos” que le aportarían muchos puntos a la DEA y beneficios a los informantes que participaron en la operación.
Las conexiones políticas de los sobrinos los hacían apetecibles para un grupo de narcotraficantes que buscaba prebendas para ganar méritos con el gobierno norteamericano: esa es la base de los argumentos de la defensa.
El interrogatorio al testigo cooperante José Santos Peña, identificado como CS-1, y la colocación en la sala de algunas grabaciones hechas durante sus reuniones en Caracas con los sobrinos Flores, fueron los puntos más relevantes registrados en el tercer día del juicio contra Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores en la Corte Federal Sur de Nueva York.
Durante el testimonio del agente González el fiscal Emil Bove preguntó si la DEA había ordenado a sus fuentes que dijeran a los acusados que debían usar guantes de látex para evitar que sus huellas digitales fueran captadas por EEUU, lo que el agente negó en tres oportunidades.
Hasta las palabras
En la audiencia del miércoles 9 de noviembre testificaron dos traductores: María Elena Alvarado y Henry Reyerbe, encargados de hacer las traducciones de las evidencias aportadas por las fuentes de la investigación.
La defensa quiso poner en tela de juicio la capacidad de los dos profesionales para traducir correctamente del español al inglés, a pesar de las impresionantes credenciales de ambos. En ese sentido, tomó palabras específicas que tienen significados diferentes en Venezuela, como por ejemplo “marico” que en Venezuela se utiliza coloquialmente entre amigos pero en inglés traduce “faggot” que es homosexual; y “primo” o “mijo” que se refiere a “amigo”, que en inglés equivale a “buddy”.
Los caminos de la droga
El agente especial de la DEA y actual encargado de la oficina en la embajada de EEUU en Bogotá, Daniel Mahoney, fue invitado por la fiscalía en su calidad de especialista en rutas. Desde el estrado dijo que tiene 24 años trabajando con la DEA y que pasó más de 7 en la unidad de Miami donde atendió muchos casos importantes de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Mahoney dijo que EEUU recibe 40% de la cocaína que exporta Colombia anualmente, según indican los reportes de la DEA, y que la misma es enviada a territorio estadounidense por medio de distintas rutas, entre las que mencionó el Caribe (Haití, República Dominicana y Las Bahamas) y Centro América (Panamá, Honduras y México) y pasa por la frontera vía California y Texas.
La defensa intentó desprestigiar la credibilidad del agente Mahoney trayendo a colación los porcentajes de droga elaborada en Colombia que llegan a Canadá, al igual que cantidad de la droga que pasaba por Venezuela con destino a Canadá. El abogado David Rody le preguntó aspectos muy específicos de los movimientos anuales de la droga que entra desde Colombia y Venezuela a Canadá, hacia dónde va y cuánto cuesta en cada ciudad, a lo que el agente no pudo responder con la precisión y exactitud exigidas por Rody, quien tenía en sus manos informes con los montos del comercio de cocaína en ese país.
La defensa pidió a Mahoney que explicara parado frente al jurado cuántos paquetes y de qué tamaño pueden transportar 800 kilos de cocaína.
Otro interpelado fue un experto en audio, el empresario Frank Piazza, dueño de la empresa “Legal Audio Video”, la cual se encarga de asistir a firmas de abogados y cortes sobre los procesos de grabación de audios y videos que son utilizados como evidencias en los distintos procedimientos que se realizan en los tribunales.
Piazza explicó a la defensa los mecanismos técnicos usados para trabajar las grabaciones hechas en el restaurante del hotel de Puerto Príncipe, donde se llevó a cabo la detención de los acusados. Tal como ocurrió con los otros testigos, la defensa pretendió restarle credibilidad a los trabajos hechos por Piazza.
El último en subir al estrado fue el informante CS-1, José Santos Peña, quien señaló que Campo Flores tenía experiencia en negocios de narcotráfico y que además quería hacer negocios con otras personas porque “El Sentado” se desapareció en varias oportunidades. Igualmente confesó que no conoció a “El Sentado” pero que pretendió tener relaciones de trabajo con él, ya que en la operación él aparecía como un narcotraficante que hacía negocios con el testigo cooperante asesinado en Honduras en 2015.
Día 4: El gobierno saca sus garras
Jueves 10 de noviembre. El cuarto día del juicio se caracterizó por las caras largas que tenían los acusados y sus defensores. Desde tempranas horas de la mañana el fiscal Brendan Quigley se encargó de enterrar la tesis de la defensa, según la cual, los dos hombres no tenían experiencia en negocios de narcotráfico, desconocían por completo la logística que se usa para mover enormes cantidades de cocaína en el mercado internacional, y en especial, que desconocían que la droga que enviarían a Honduras en 2015 tenía como destino final a Estados Unidos.
De manera elocuente el fiscal Quigley fue mostrando a los miembros del jurado cómo los dos acusados habían estado envueltos en otros negocios de narcotráfico. Motivado a que los abogados defensores lograron desacreditar las fuentes de la DEA y al hecho de que los informantes confidenciales tienen un amplio historial de récords criminales, el gobierno americano decidió usar directamente las evidencias -validadas por la corte- para probar cada uno de los aspectos que constituyen el delito por el cual los sobrinos de Nicolás Maduro están siendo juzgados.
El fiscal Quigley fue al grano y presentó las grabaciones como pruebas irrefutables para demostrar el delito, más allá de la duda razonable. En la medida en que se iban escuchando las voces de los acusados, conjuntamente con la del informante encubierto CS1, los dos imputados y sus abogados cambiaron su expresión facial. Hasta Campo Flores, quien suele sonreír a lo largo de todas las audiencias, lució turbado y pensativo.
La defensa había salido airosa en los primeros dos días del juicio, logrando generar dudas cuando dijo al jurado que los acusados eran víctimas ingenuas de un plan político orquestado por los informantes y agentes de la DEA para hacerle daño al gobierno venezolano. El jueves 10 de noviembre, sin embargo, los presentes en la sala pudieron advertir que los acusados estaban dispuestos y eran capaces de explotar sus conexiones políticas para concretar un negocio de cocaína de más de 20 millones de dólares. Y según dijo el mismo Campo Flores, el dinero le ayudaría a pagar la campaña política de su “madre”, con lo cual su familia mantendría el poder político en Venezuela.
La fiscalía llamó nuevamente al estrado al informante encubierto de la DEA, José Santos Peña. El fiscal Quigley ordenaba escuchar las grabaciones y luego le pedía que describiera lo que ocurría en las pruebas de audio y video que él mismo había hecho en las reuniones que sostuvo con los acusados en octubre de 2015 en Venezuela.
La defensa logró minar la credibilidad del informante CS1. Mostró que Santos es un delincuente que está en prisión por mentir a los agentes de la DEA sobre la importación de grandes cantidades de drogas en Estados Unidos mientras trabajaba como informante encubierto.
A pesar de haberse declarado culpable de tres delitos y de haber firmado un convenio de cooperación con el gobierno en el cual se compromete a no mentir a las autoridades norteamericanas, los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas consiguieron en la audiencia crear nuevas dudas sobre la veracidad de lo que decía el sujeto.
El abogado de Flores de Freitas, David Rody arremetió contra Santos y divulgó una lista de delitos que cometió en México y Estados Unidos, incluyendo el secuestro de unos hombres que se habían robado 321 kilos de cocaína. Este hecho ocurrió cuando estaba ligado al Cártel de Sinaloa.
Una de las frases que llamó más la atención de la conversación de Campo Flores con Santos Peña fue la relacionada con las intenciones del acusado de querer hacer los negocios rápidamente. Se molestó porque el contacto inicial con el grupo del “El Sentado”, no había sido satisfactorio.
Campo Flores y Flores de Freitas sostuvieron la primera reunión de esta negociación el 4 de octubre de 2015 en Honduras. Desde ese momento, “cuadraron” el negocio con “El Sentado”, quien también era un testigo cooperante del gobierno norteamericano. Con él acordaron el envío de 1.600 kilos de cocaína a Honduras, con destino final a EEUU.
La segunda y última reunión con “El Sentado” se celebró el 6 de noviembre de 2015, pero solo acudió Flores y lo hizo para finiquitar el pago de “la bajada”, que en el argot de los narcos significa recibir la droga. Campos Flores pagaría a “El Sentado” 900 mil dólares para garantizar que 800 kilos de droga llegaran al aeropuerto de Roatán, en Honduras.
Campo Flores propuso a Santos Peña trabajar en conjunto, dejando a “El Sentado” fuera del negocio, ya que estaba molesto porque cuando habían ido a Honduras, no los habían atendido como merecían. Al parecer, “El Sentado” prefirió ver un partido de fútbol, que recibir a los venezolanos de inmediato. Campo Flores se quejó además de que el hombre desapareció. Estaba desilusionado. En las grabaciones Campo Flores le decía al informante que quería empezar “inmediatamente” con el negocio.
Dijo que él había desarmado el plan inicial porque “El Sentado” se perdió y no le respondía las llamadas. Santos Peña le contestó que “El Sentado” era un hombre serio, muy ocupado y con mucho dinero, y que debía entender que si se desaparecía era porque el ambiente se había puesto caliente por allá. Santos Peña se hizo pasar en la operación como el hombre de confianza que “El Sentado” había enviado a Venezuela para hacer el negocio con los sobrinos presidenciales.
En otra grabación se escucha a Campo Flores diciendo que tenía que programar una reunión en un día en que no estuviese trabajando en la campaña de su “mamá” (Cilia Flores). También planteó la posibilidad de ampliar la operación a Canadá, ya que ellos tenían “un primo allá que es cónsul” con quien podían hacer negocios.
En otro video los miembros del jurado pudieron ver a Campo Flores cuando hablaba con Santos Peña y usaba unos guantes de látex en el momento en que le mostraba la cocaína al supuesto comprador.
Las imágenes presentadas en la corte fueron grabadas con dispositivos de la DEA. Tomadas desde el nivel de la cintura aproximadamente, las imágenes del video eran difíciles de observar. No obstante, los acusados podían apreciarse y ser escuchados claramente. Campo Flores aparece manipulando un kilo de polvo blanco y se le ve hablando por radio a uno de sus guardaespaldas pidiendo que le buscaran una navaja para abrir el paquete.
El fiscal le preguntó a Santos Peña si él había probado la cocaína. “Era cocaína de la buena”, dijo el hombre frente al juez.
Santos Peña le explicó al jurado su experiencia como traficante internacional de drogas. Dijo que trabajó para el Cártel de Sinaloa, en México. Dijo que cometió delitos de secuestro, robo y sobornos y que pagó al gobierno de México para conseguir resguardo y proteger la mercancía.
Confesó que no tenía idea de cuántos miles de kilos de cocaína ayudó a pasar a EEUU. Incluso confesó que había estado preso en California por haber robado ropa en la tienda Macy’s junto a su hijo y otro familiar.
También explicó que en una oportunidad se reunió con Julián Pacheco Tinoco, ex ministro de la Defensa de Honduras, quien le habría prestado apoyo para recibir un cargamento de drogas en ese país: “Lo conocí por el hijo del ex presidente Porfirio Lobo, llamado Fabio Lobo, en la época en que yo trabajaba para la DEA.” (Fabio Lobo fue extraditado a EEUU y se declaró culpable de conspirar para traficar droga en julio de 2015. Actualmente está a la espera de sentencia).
Todo esto surgió cuando el abogado David Roday comenzó a interrogar a Santos y a tratar de imponer la tesis de que el informante está testificando contra sus clientes por el dinero y por conseguir una sentencia menos severa. La defensa ha reiterado en varias ocasiones que Santos Peña y su hijo “El Junior” recibieron más de 1,2 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos por su trabajo encubierto y sobre ese monto no pagaron impuestos.
También se ha dicho que cuando los dos informantes trabajaban para la DEA hacían negocios de drogas por su cuenta. En agosto de 2016 ambos fueron arrestados y de llegar a mentir nuevamente podrían ser condenados a cadena perpetua.
Rody fue más allá y acusó a Santos Peña de explorar posibles transacciones paralelas de drogas en Venezuela mientras estaba cumpliendo la misión de la DEA en octubre de 2015, para lo cual se había hecho acompañar de un tercer hombre no autorizado por la agencia de nombre Paul.
Rody señaló que se habían quedado en Venezuela durante diez días, pero solo tuvo cuatro reuniones breves con los acusados. Alterado, el abogado le preguntaba qué había hecho el resto del tiempo: “¿No es cierto que una de las razones por las que llevaste a Paul a Caracas fue para investigar la posibilidad de hacer otros tratos con drogas?”.
Santos Peña negó la acusación. Aseguró que había ido a unos prostíbulos, a un centro comercial y a comer mariscos y carnes en un restaurante cercano al hotel en el que se alojó en Caracas.
Los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas han asegurado en varias oportunidades que sus clientes fueron embaucados con un supuesto acuerdo para traficar con drogas y ganar millones de dólares, sin hacer nada ni poner ni un solo dólar.
Asimismo, los sobrinos presidenciales han acusado a los informantes y al gobierno de destruir las evidencias que habrían podido absolverlos del caso, incluyendo grabaciones donde ellos explican que no tenían capacidad para ejecutar el plan, ni experiencia en el mundo del narcotráfico.
Con estos planteamientos sobre la mesa terminó la primera semana del juicio a los sobrinos de la pareja presidencial venezolana. Y también con la expectativa de nuevos testimonios.
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