Casi un mes después de haber afirmado que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional implicaron una “ruptura del orden constitucional” en Venezuela, Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, hizo este martes otra declaración en la cual reclamó tanto al chavismo como a la oposición moderar sus discursos y retomar el diálogo para evitar que la actual crisis degenere en una guerra civil o una intervención extranjera.
“Todos deben bajar el tono de la confrontación y elevar las discusiones de nivel. Deben dejar de utilizar descalificaciones, deshumanizaciones del otro por solo pensar distinto. Discursos racistas, xenófobos y descalificaciones no nos van a llevar a ningún lado”, afirmó la jefa del Ministerio Público luego de confirmar que estas tres semanas de protestas han dejado 30 muertos, 437 heridos y más de 1.000 detenidos, de los cuales 65 permanecerán tras las rejas mientras se les investiga.
Para que una sociedad sea realmente democrática, “el respeto al otro, al que piensa distinto, es fundamental”, aseveró Ortega Díaz y abogó porque los líderes políticos retomen el diálogo, pero eso sí, con unas variaciones al proceso que se vivió el año pasado impulsado por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), con el acompañamiento de El Vaticano.
“Requerimos volver al diálogo, con interlocutores válidos y con poder de decisión, para construir una agenda de acuerdos que permitan salidas democráticas e institucionales que resguarden al Estado de Derecho”, afirmó, al tiempo que agregó: “Nadie desea para nuestro país, y menos la que les habla, un escenario de confrontación bélica, una guerra civil y mucho menos una injerencia extranjera (…). La paz no se decreta, se construye con actuaciones, con ejemplos y con el predicar con el ejemplo (…). Debemos dejar de vernos como enemigos. Urge curar a nuestra sociedad para que podamos brindar un mejor futuro a nuestros hijos”.
Expectativa a millón
La noticia de que la Fiscal General hablaría hizo que decenas de periodistas de igual número de medios nacionales e internacionales se movilizaran a la sede del Ministerio Público, cuyo auditorio principal lucía lleno. ¿La razón? Desde que el 31 de marzo pasado la funcionaria fustigara los fallos número 155 y 156 de la Sala Constitucional, los cuales le arrebataron a la mayoría opositora del Parlamento su inmunidad y al organismo, el resto de las competencias que aún poseía, los rumores en torno a su renuncia han sido constantes.
No obstante, Ortega Díaz, quien no aceptó preguntas de los periodistas, no habló de esas versiones ni tampoco se refirió a la situación del Parlamento, sino que se centró a comentar la coyuntura en la que se encuentra el país en los actuales momentos y sobre la labor que su despacho viene adelantando.
Mencionó el caso de la joven Paola Ramírez, asesinada en San Cristóbal (Táchira) el pasado 19 de abril, y aseguró que su muerte no habría sido responsabilidad de “grupos de motorizados civiles armados”, como en un principio se pensó, sino de una persona que disparó contra unas personas que ingresaron a una vivienda a robar.
Sobre los disturbios y saqueos ocurridos en la barriada de El Valle el pasado día 20, dijo que estaban verificando el testimonio de los vecinos, según los cuales, los responsables habrían sido delincuentes que aprovecharon “el ambiente de crispación” para cometer fechorías.
Por último, aseguró que su despacho trabajará para sancionar todos los delitos ocurridos en estos días.
La fiscal Luisa Ortega Díaz dirigió también mensajes a las diferentes fuerzas del orden en Venezuela.
Al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin): “Cualquier hecho que atente contra la paz y tranquilidad del pueblo va a ser investigado por el Ministerio Público. Lo va investigar el Ministerio Público que es el que tiene la titularidad de la acción penal”.
Al Mininterio del Interior: “El orden público corresponde a otros organismos. Cuando hay situaciones de calle, obstáculos en la vía, corresponde a los órganos de seguridad ciudadana actuar y no al Ministerio Público”.
A los jueces: “El país necesita seguridad jurídica. Debe haber certeza de que si la persona cometió delito va a ser sancionado, pero si no cometió delito, no puede serlo”, dijo al referirse al caso de los 38 jóvenes que fueron detenidos en la isla de Margarita por la Guardia Nacional y cuya liberación su despacho solicitó, alegando que en las actas policiales no había ninguna información que les permitiera determinar en qué presunto delito incurrieron. Ortega Díaz calificó de “anómalo” este caso, tanto por la manera cómo se produjo la detención como por la decisión del juez que tiene el caso, el cual, en lugar de liberar a los jóvenes decidió mantenerlos presos mientras presentan un fiador, pese a que no fueron imputados.
Juan Francisco Alonso vía Diario Las Américas