Una pelea familiar por plata permitió descubrir irregularidades millonarias en los negocios entre el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner y la administración chavista de Venezuela. Hasta ahora estaban bajo la lupa de la Justicia, las exportaciones de maquinaria agrícola y la valija de Antonini Wilson. Ahora se reveló los capítulos de la venta de productos de limpieza e higiene personal y de decodificadores de TV. Por este rubro, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky embargó en 300 millones de pesos cuentas del empresario Juan José Levy a quien investigado por lavado de dinero y contrabando, junto a otros sospechosos. Levy tiene vínculos con el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado del Frente para la Victoria, Julio De Vido, y sobre todo con su ex jefe de Ceremonial y ex espía de la Agencia de Inteligencia Federal (AFI), José María Olasagasti. Fue uno de los empresarios que participó de los viajes de Cristina a Venezuela en al marco de los acuerdos de cooperación estratégica entre ambos países y el fideicomiso argentino-venezolano que maneja la petrolera PDVSA.
Justamente, la oposición venezolana que maneja la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional investiga el destino de los más de 10 mil millones de dólares que el chavismo le dio al kirchnerismo.
Junto a Levy en el manejo de estos contratos también aparecen en otros casos los hermanos Vignatti en al llamado arrozgate y Pablo Rubio (Ver antecedentes). Aguinsky dictó el embargo luego de que la fiscal Luz María Rivas Diez allanó domicilios de Levy y de las empresas laboratorios ESME, Corporación Gulfos S.A. y Bleu Tel S.A., entre otras, revelaron a Clarín fuentes judiciales. Clarín llamó ayer al abogado de Levy, Francisco Trovato para tener un descargo de su cliente pero hasta el cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.
La causa se abrió por una extracción de testimonio que envió la jueza en lo comercial Paula Hualde que interviene en una disputa entre Levy y sus tres hermanos por el control de ESME, que incluyó “insultos y amenazas”.
Sucedió que ESME pasó durante el kirchnerismo de ser una PYME a una empresa que recibió un contrato por casi 90 millones de dólares para venderle productos de limpieza y de higiene personal a la estatal venezolana Suministros Venezolanos Industriales (SUVINCA). ESME cobró un anticipo del 60 por ciento de ese monto y exportó por 48 millones de dólares. Pero llamativamente a pedido de SUVINCA se suspendieron los embarques de mercaderías hasta nuevo aviso. La Justicia sospecha que ESME facturó sus productos por precios que “van de 4 a 10 veces el valor de mercado”. Además, cobró reintegros a las exportaciones por 1.800.000 dólares.
Levy también intervino en un negocio con la venta de decodificadores de TV y está investigado por la Aduana por el intento de exportación de medicamentos con la leyenda “gobierno de Santa Fe-distribución gratuita” por 12 millones de dólares a Venezuela y señalado en otro negocio con la ANSeS por el plan Conectar Igualdad.
Pero el embargo del juez Aguisnky es por la venta de 150 mil decodificadores de China para vender a Venezuela pero pagados con fondos del fideicomiso del gasoil, cuando se supone que debían ser productos argentinos. El contrato, más las antenas correspondientes, fue por más de 20 millones de dólares. Fue suscripto por Bleu Tel SA y Corporación Gulfos SA -que controla Levy- con la venezolana CANTV.
A parte el hecho de que se pagó con el fideicomiso argentino-venezolano una exportación directa de China a Argentina llamó la atención que Gulfos tenga como socio mayoritario a la offshore Frolem Corporation de Nevada, EE.UU. que a su vez es controlada por Plascot Limited de las islas Seycheles, ambas creadas por el estudio panameño Mossac Fonseca. En este caso, lo más llamativo es que Gulfos haya pagado 2 millones de dólares en concepto de “gastos en el exterior por servicios técnicos y profesionales” y usado una telaraña de offshore.
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional investiga el destino de los más de 10 mil millones de dólares que el chavismo le dio al kirchnerismo. En esta causa del juez Aguinsky y la fiscal Rivas Diez se investiga el rol de la contraparte venezolana que sospechosamente no reclamó por el dinero que pagó a ESMA y que podría servir a esa comisión. Se trata de los representantes de la empresa estatal SUVINCA, Richard Canan, Eddie Elizabet Betancourt y Vinicio Eusebio Micotti Lanz, entre otros.
Por el contrato de los decodificadores se investigan al responsable de CAN TV Manuel Angel Fernández Meléndez, entre otros.
En la justicia se descuenta que explicaciones de estos funcionarios venezolanos serían claves para saber si hubo algún funcionario argentino como intermediario de los contratos. Si Levy o algún empleado suyo compraron inmuebles o tienen cuentas en Venezuela. El juez y la fiscal también quieren saber si los funcionarios venezolanos saben de extraños pagos por 85 millones de dólares, a través de un banco corresponsal de EE.UU., a las firmas chinas Sichuan Changhong y Chain Wan Digital. Hasta ahora otros pedidos de cooperación judicial a Caracas no fueron contestados.
El Clarín
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