Queda camino por recorrer, pero en ocho meses hay una notable diferencia entre lo que fue la Asamblea Nacional de 2010-2015 y la que inició sus funciones el 5 de enero de 2016. La discusión y aprobación de leyes no deja de ser un punto resaltante. Sin embargo, tampoco es su mayor logro, considerando que en su mayoría han sido declaradas inconstitucionales y aún no avanzan en su aplicación.
Ha sido difícil el avance en los objetivos de quienes ocupan hoy la mayoría en el Parlamento, siendo este el primer gran cambio en la AN desde las elecciones del 6 de diciembre de 2015, incluyendo el hecho de que el estado Amazonas y el sector indígena del sur estén sin representación a raíz de una impugnación y cautelar por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
El diputado por el circuito 3 del estado Bolívar, Américo De Grazia, destaca el desafío de la nueva AN al TSJ precisamente con las incorporaciones que han hecho de estos parlamentarios, aunque el tribunal siga bloqueando sus funciones.
La apertura a los medios de comunicación social en el hemiciclo es otro de los grandes cambios que destaca De Grazia, como un avance en el que “puedan abordar la noticia sin filtros de ningún tipo”.
Y a pesar de que el escenario cambió drásticamente para el oficialismo, en cuanto a su presencia en la AN, el diputado afirma que “se les respetan los derechos a los parlamentarios oficialistas, que son minoría en el Parlamento, y pueden usar en la misma proporción que nosotros su derecho de palabra”.
Puntos de encuentro
Coincidir ha sido lo más difícil. Primero fue en el bloque de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para definir el mecanismo con el que iban a impulsar la salida del presidente Nicolás Maduro y cumplir con el reto del presidente de la AN, Henry Ramos Allup, de hallar dicha herramienta en los primeros seis meses de gestión.
La enmienda fue trancada, la renuncia parece utópica, pero es allí donde el bloque opositor tiene entonces su punto de encuentro, luchar por el referendo revocatorio y una ley que regula este mecanismo.
En lo que respecta a la facción del Gran Polo Patriótico (GPP), ha sido notorio el nivel de confrontación.
La diputada por el circuito 1 de Bolívar, Olivia Lozano, coincide con De Grazia al afirmar que los puntos de encuentro entre ambos factores han sido en las discusiones de leyes, como la referida a las personas con autismo y condiciones similares, o el homenaje a un venezolano prominente, pero desde el punto de vista político sigue dominando la polarización.
De hecho, el diputado por el circuito 2 de Bolívar, Freddy Valera, recuerda que mientras el gobierno alegó no contar con recursos para aplicar la Ley de Bono de Alimentación a Pensionados y Jubilados, recientemente el presidente Maduro ajustó el salario mínimo y el bono de alimentación, lo que “demuestra que no es un problema de recursos, sino que no quisieron ejecutar lo que tenían que hacer, sino una actitud para entorpecer la asamblea”.
Trabajo legislativo
Para el diputado del Parlatino, Ángel Medina, la AN se convirtió en un bloque de contención que impide al Gobierno contar con los créditos adicionales que en la gestión pasada eran aprobados indiscriminadamente.
En 2014, la AN, entonces en manos chavistas, había aprobado entre enero y agosto de ese año créditos adicionales que superaba en 50 por ciento el presupuesto anual.
“En materia legislativa esta asamblea ha sido mucho más adecuada a la realidad del país, pese a que las leyes hayan sido declaradas inconstitucionales, tienen que ver con la realidad de la gente”, destaca Medina.
“Hemos tratado de ir corrigiendo los errores del pasado, construyendo las leyes necesarias para ir en paz y por la reconciliación”, coincide Lozano, colocando como ejemplos las leyes de Amnistía, de Referendos o la entrega de títulos de vivienda a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda, las mismas que fueron sancionadas mas no promulgadas.
“Nunca había visto a un Parlamento con un cerco tan fuerte. En la Comisión de Contraloría, por ejemplo, es difícil la labor cuando el Ejecutivo es el primero que impide que la asamblea ejerza sus funciones. La confrontación impide que muchas actividades se cumplan a cabalidad. Sin embargo, los casos de corrupción no prescriben y las investigaciones no acabarán solo porque el Ejecutivo no colabore”, asevera Valera.
De acuerdo con Lozano, tan solo en ocho meses de gestión se han recibido 150 denuncias de corrupción.
Correo del Caroní intentó comunicarse con el diputado por el GPP por el estado Bolívar y jefe de la fracción parlamentaria oficialista, Héctor Rodríguez, para conocer su evaluación sobre la gestión del Parlamento, sin embargo, no atendió las llamadas.
Correo del Caroní.