El 8 de septiembre de 2013, el entonces presidente de Pdvsa y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, dio a conocer el dictamen de la comisión nacional que investigó la explosión en Amuay, parte del Complejo Refinador Paraguaná, donde se registraron más de 40 muertos y pérdidas por $1.200 millones el 25 de agosto de 2012.
“Fue un sabotaje deliberado”, sentenció quien en ese momento era el “zar” petrolero del país. Detalló que una persona que conocía lo que hacía aflojó los pernos de la bomba 2061, lo que causó una fuga de olefina que provocó el accidente más grave de la industria petrolera nacional. Al día siguiente, el 9 de septiembre de 2013, en rueda de prensa mostraría videos y fotografías que sepultarían para siempre la oportunidad de cobrar $320 millones de la póliza de seguro de la instalación petrolera, pues al ser un hecho generado por un individuo con el propósito de hacer daño al patrimonio del Estado, ninguna empresa aseguradora o reaseguradora asumiría la responsabilidad de cancelarla.
La tesis del expresidente de la estatal petrolera venezolana nadó a contracorriente del informe que cinco meses antes de la tragedia realizó la firma RJG Risk Engineering para una de las mejores compañías del mundo, la aseguradora y reaseguradora australiana QBE que audita a Pdvsa desde hace más de dos décadas.
El informe de la auditoría a Pdvsa realizado en marzo de 2012 develó el dramático cuadro de la principal industria nacional. Afirmaba que solo en 2011 se reportaron 222 incidentes, incluyendo un centenar de incendios y solo nueve de ellos fueron investigados.
Cuatro años después, una sombra espesa, tan poco transparente como la que cubrió a Amuay durante al menos tres días, cubre la relación de Pdvsa con las empresas aseguradoras, reaseguradoras y corredoras de seguro y reaseguro. Al menos 10 compañías de este tipo, entre venezolanas, inglesas, panameñas, libanesas, francesas, rusas, indias y chinas, han negociado con la estatal petrolera sin llegar a establecer acuerdos duraderos.
Las empresas con contratos
Para el momento del accidente la empresa aseguradora era La Occidental de Seguros, perteneciente al Grupo BOD, presidido por el banquero Víctor Vargas Irausquín, quien año y medio después de ese evento que dejó más de 40 muertos, realizó la gestión de compra del Grupo Cadena Capriles, propietario de Últimas Noticias. La aseguradora de Vargas tenía contratos con vigencia de 2011 a 2012 con Pdvsa y PDV Insurance Company LTD, una reaseguradora de la misma petrolera venezolana, registrada en Bermudas, de acuerdo con lo que se lee en la solicitud de información realizada por la firma asesora de Pdvsa Hogan Lovells.
Desde el jueves 18 de agosto, El Pitazo solicitó una entrevista para conocer la versión del Grupo BOD sobre estos contratos. Al cierre de esta edición un alto gerente de Seguros La Occidental, informó que esta empresa aseguradora nunca recibió ni manejó la prima de los riesgos de la industria petrolera e indicó que la gerencia de Riesgos y Seguros de Pdvsa enviaba el borrador de pólizas para ser emitidas en la papelería de Seguros La Occidental, por lo tanto solo cobraban un fee que fija Pdvsa por esto. Además señaló que el plazo de las pólizas eran de vigencia anual pero que al pactar con los reaseguradores en Londres por 3 años La Occidental renovó por el mismo período. La administración del seguro estaba a cargo de PDV Insurance Company LTD, detalló.
Seguros La Occidental nunca manejó dinero por prima, estas son pólizas simbólicas en bolívares, para que Pdvsa cumpla con la ley local pero la aseguradora no recibe prima ni riesgos, comunicó el alto gerente. El mecanismo de pago se realizaba desde la Vicepresidencia de Finanzas a PDV Insurance Company LTD y de allí al broker. Eran más de 400 pólizas, era la tercera cuenta más grande del mundo, dijo la fuente quien también manifestó que ninguno de los integrantes de la compañía fue citado a declarar por los daños ocurridos luego del accidente de Amuay en agosto de 2012.
Antes de La Occidental, el negocio lo tuvo Seguros Constitución, empresa de Omar Farías, quien de acuerdo con fuentes consultadas por El Pitazo, perdió el contrato tras un desacuerdo con el corredor de seguros de Pdvsa, Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, quien estuvo involucrado en presunto lavado de dinero a través de la Banca Privada de Andorra. Hoy día Farías se encuentra en un proceso judicial en República Dominicana, mientras que Salazar desapareció del entorno nacional.
El reaseguro, es decir, el respaldo financiero a la aseguradora venezolana en caso de una pérdida mayor, se encontraba en manos de la empresa inglesa Lloyds, afirma una fuente cercana a la operación. Sin embargo documentos revisados por El Pitazo señalan que era la también anglo Cooper Gay.
Una fuente consultada que estuvo en el entorno de La Occidental de Seguros, indica que Pdvsa nunca solicitó el pago de la póliza y Ramírez anunció el sabotaje, porque “no se habían cancelado las dos últimas cuotas del reaseguro a la compañía inglesa”. El responsable de pagar ese dinero con fondos públicos sería el corredor de seguros, Diego Salazar.
La prestigiosa publicación británica Insurance Insider el 6 de agosto de 2013, casi un mes antes de la declaración de Ramírez que sentenció el sabotaje, afirmó que “Pdvsa aún no ha introducido la solicitud de compensación ante sus aseguradoras por los daños ocasionados por ese incendio. En la industria, se estima que estos representan unos 320 millones de dólares, el triple de la prima anual de seguro que eroga la estatal”. Los expertos consideraron que la estatal petrolera reconocía así su responsabilidad en los hechos ocurridos ese 25 de agosto de 2012.
Los fichajes de las empresas aseguradoras
Tras la explosión de Amuay, la estatal petrolera trató de transar una negociación sin licitación con tres firmas sin renombre; sin embargo, la operación no se concretó. “Estarían negociando con una empresa rusa llamada Swiss Brokers, la libanesa Etoile Properties Assurance y una firma francesa de nombre France Assurance Consultants, desconocidas en el medio y sin trayectoria o experiencia en el área”, según una fuente interna de Pdvsa consultada por el equipo de la revista The Insurance Insider.
En noviembre de 2013, medios especializados en el área de seguros del sector energético destacaron que Pdvsa estaba en negociaciones con la firma Barents Re, con jurisdicción en Panamá. “Pdvsa no pudo conseguir suficiente apoyo por parte de las compañías con calificación reconocida AAA en Londres y las Bermudas, debido a la alta siniestralidad, por lo que abordó mercados no tradicionales como India y China”, se lee en la plataforma digital Intelligence Insider.
A principios de 2014 la estatal petrolera termina sus relaciones con estas empresas reaseguradoras de opaca trayectoria. Seis meses después la misma revista publicó que “Pdvsa nombró como corredores de seguros a las empresas Cooper Gay y Alesco”.
En junio de 2015, se conoce que Pdvsa ha cambiado nuevamente su panel de corredores. “Fuentes vinculadas a la industria afirman que el intermediario Summa de México fue sustituido por una firma venezolana llamada Property Re, mientras Alesco continúa como el principal agente internacional conjuntamente con Cooper Gay”, cita la publicación que por más de una década ha hecho seguimiento a las relaciones entre Pdvsa y las compañías aseguradoras.
Property Re es un corretaje de reaseguro cuya sede funciona en Caracas. Esta empresa fue creada en 1998. Pese a prestar servicio a Pdvsa, no está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas. El Pitazo envió correos a la firma pero no recibió respuesta.
En mayo de 2016 otra variante se inserta en la cartera de empresas supuestamente vinculadas a los servicios de cobertura patrimonial de Pdvsa. “Venezuela continúa su enfoque idiosincrásico para la selección de sus agentes de seguros, esta vez mediante la retención de intermediario chino Jiang Tai Insurance Brokers. Fuentes consultadas dijeron que la estatal eligió al corredor chino que no tiene antecedentes en la colocación de coberturas de la industria petrolera en los mercados internacionales”.
La opacidad que rodea al tema de las empresas aseguradoras del gigante petrolero venezolano encendió las alarmas en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. El diputado Freddy Guevara anunció en febrero pasado la apertura de una investigación por el presunto desfalco de más de 7.000 millones de dólares cometido por altos funcionarios de Pdvsa entre 2004 y 2014, por medio de una serie de actos de corrupción entre los cuales destaca el desvío de recursos en operaciones con aseguradoras de la petrolera nacional.
Mientras la función continúa, como diría el entonces presidente y candidato a la reelección Hugo Chávez, un día después de la tragedia y siete meses antes de su muerte producto de un cáncer, alguno de los familiares de los fallecidos y sobrevivientes, siguen reclamando a Pdvsa indemnización, dinero que pudo salir de los $320 millones que nunca se reclamaron debido a la imposición de la hipótesis del sabotaje.
El Pitazo.