Hugo Palacios Mejía es uno de los juristas más reconocidos del país. Es doctor en derecho y economía de la Universidad Javeriana y ha ocupado a lo largo de su vida importantes cargos públicos: Gerente del Banco de la República, Ministro de Hacienda, representante a la Cámara y director para Perú y Colombia ante el BID. Palacios se ha convertido en una de las voces más respetadas del No en el plebiscito. Es uno de los miembros del Comité “Mejor No” que lidera el ex alcalde Jaime Castro. Semana.com habló con él.
Semana.com: ¿Por qué votar No?
Hugo Palacios(H.P.): Por muchas razones. Pero tengo siete principales. La primera es que considero que los acuerdos de paz son un salto al vacío. Para conseguir que unos 13.000 miembros de las Farc dejaran de delinquir, el Gobierno va a someter a 48 millones de colombianos a un período de 10 años de constante agitación e incertidumbre institucional. El mundo cambiará y, mientras tanto, en Colombia, atados 10 años por el Acuerdo, nos ocuparemos de una creación continua de proyectos de reforma constitucional y legal. ¿Quién fijará las fronteras entre las funciones de todos los nuevos entes? ¿En cuánto tiempo?
Semana.com: ¿Y la segunda razón?
H.P.: El Acuerdo es antidemocrático. No se trata solo de que las Farc hagan política. Se trata de que hagan política en condiciones de privilegio frente a los partidos que representan a los demás colombianos. El Acuerdo ofrece por muchos años al partido político que organicen las Farc, dinero, curules, circunscripciones electorales especiales y otros privilegios aunque no obtengan votos…
Semana.com: Siga con la tercera…
H.P.: El Acuerdo favorece la perturbación continua de la vida civil. En lugar de orientar la solución de conflictos sociales, el Acuerdo magnifica la “protesta social”, como forma inorgánica de expresar los intereses de una sociedad pluralista. El documento es explícito en poner límites “civilistas” a la conducta de las autoridades ante los disturbios y ante la “protesta social”, y en garantizar el diálogo con las autoridades como respuesta a la “protesta social”. Lo que no se consiga con votos, se conseguirá, pues, por esa vía.
Semana.com: ¿Y la cuarta?
H.P.: El Acuerdo pone en manos del Presidente el otorgamiento de garantías para el ejercicio de la política. Por muchos años se quiso mantener la independencia de la organización electoral frente a la rama ejecutiva del poder público. Sin embargo, mientras que la Constitución en el artículo 265 encomienda hoy al Consejo Nacional Electoral, elegido por representantes del pueblo, el desarrollo de los procesos electorales y las garantías a la oposición y a las minorías. El Acuerdo pone al Presidente de la República como cabeza del Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política… ¡Quienes deseen tener reales alternativas políticas deben asegurar, primero, el favor de tan Alta Instancia!
Semana.com: ¿Y la quinta?
H.P.: El Acuerdo garantiza que el país siga alimentando el narcotráfico. Ya no habrá, según el Acuerdo, “cultivos ilícitos”. Nadie podrá ir a la cárcel solo por sembrar determinados cultivos. Todos serán lícitos. Ahora hablaremos un lenguaje más pulido, y nos referiremos solo a los “cultivos de uso ilícito”. Por lo tanto, la erradicación de los que antes se llamaban “cultivos ilícitos” será, ante todo, voluntaria, y manual. Nada de fumigaciones aéreas. El Gobierno competirá en generosidad con los narcotraficantes; el Gobierno ofrecerá incentivos económicos y subsidios para que los campesinos dejen voluntariamente de sembrar “cultivos de uso ilícito”, y los narcotraficantes ofrecerán lo de siempre –balas o dinero- para obtener su materia prima. ¿Quién ganará la competencia?
Semana.com: Ya vamos terminando. ¿La sexta cuál es?
H.P.: El Acuerdo deslegitima la rama judicial del poder público. Crea una enorme justicia paralela, la Jurisdicción Especial para la Paz, como si la rama judicial, con el presupuesto y los instrumentos que se ofrecen a la Jurisdicción Especial, no pudiera aplicar también las reglas de una justicia transicional. Más aún, en contra de la garantía del “debido proceso”, el Acuerdo crea una Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la Convivencia y la No repetición”, que podrá señalar –sin fuerza de prueba para efectos penales- como responsables del conflicto a personas naturales, sociedades, asociaciones, gremios, partidos y movimientos políticos, a las Iglesias y a funcionarios y órganos del Estado…pero estas personas y entidades, después de semejante señalamiento, no podrán acudir ante los jueces a limpiar su nombre y a evitar represalias porque el Acuerdo lo prohibe….
H.P.: ¿Y por último, cuál es la séptima razón?
Hugo Palacios: El Acuerdo resta autonomía a la Fiscalía, que ahora tendrá que “articular” sus actuaciones con una Alta Instancia dependiente del Presidente de la República. Y, además, el Acuerdo crea una Fiscalía paralela, la Unidad Especial de Investigación encargada de investigar las “organizaciones criminales y sus redes de apoyo. Con ello queda en nada el artículo 252 de la Constitución. Aunque, en teoría, esta Unidad será parte de la Fiscalía, en la práctica tendrá autonomía administrativa frente a la Fiscalía, y más autonomía y facilidades de manejo presupuestal que la Fiscalía. La competencia de la Fiscalía quedará pues, limitada a investigar crímenes pasionales, y otras “pequeñas causas”, detrás de los cuales no exista una organización criminal ni una red de apoyo criminal. Todo lo anterior complicará la política de investigación criminal, y de juzgamiento de los delitos, pues, creará problemas de determinación de competencias y de reglas de procedimiento.