A través de un comunicado, la Cancillería indicó que Venezuela ha «incumplido con las obligaciones contenidas en los referidos instrumentos» y que, por esta razón, se requiere una «revisión jurídica, al amparo del derecho internacional, por parte de los Estados fundadores del Mercosur».
Tal principio, de acuerdo con el documento, es «incompatible» con la actual situación de Venezuela en cuanto a sus obligaciones como Estado Parte del Mercosur, según la carta firmada por Eladio Loizaga.
La Cancillería asegura también que la «aplicación de las normas jurídicas del acervo mercosuriano debe prevalecer siempre en nuestro proceso integracionista, pues su consolidación depende fundamentalmente de la observancia del derecho».
En una entrevista con Efe, Loizaga declaró que «Venezuela está muy retrasada» en el cumplimiento de esos compromisos y que, por tanto, se hace «necesario revisar el punto de vista jurídico (del tratado de adhesión de Venezuela)».
Loizaga agregó que esos incumplimientos del país caribeño ya están en conocimiento de los Gobiernos de los otros tres países fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil y Uruguay) y que serán tratados el próximo 23 de agosto en la reunión de coordinadores del bloque que se celebrará en Montevideo.
El canciller declaró que de esa reunión podría salir una resolución jurídica que tendría «efectos administrativos en relación a la membresía de Venezuela».
La solicitud de revisión jurídica se publica luego de que el Gobierno de Cartes rechazara la decisión del presidente Nicolás Maduro de proclamar a Venezuela en la presidencia pro tempore del bloque regional. La postura es acompañada por Argentina y Brasil.
El país caribeño disponía de un plazo de 4 años (que venció el viernes) para concluir su proceso de adecuación a las normas del Mercosur, y que los Gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay se propusieron aguardar.
Mientras tanto, Venezuela se declaró responsable de llevar en estos momentos la presidencia rotativa del Mercosur, sin que se haya producido para ello el traspaso oficial por parte del Uruguay, que el pasado 29 de julio comunicó haber concluido su mandato.
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