El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aclaró que «no es intervencionista la protección de la democracia», y tampoco «la promoción de los Derechos Humanos».
Un grupo de 20 países acordó este martes una declaración conjunta en la que emplazan a la Organización de Estados Americanos (OEA) a concretar una hoja de ruta «en el menor plazo posible» para «apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho» en Venezuela.
El texto busca una resolución final que debe estar lista en «los próximos días» y fijará «el mecanismo» con el que la OEA dará seguimiento a la situación en Venezuela, según explicó el embajador mexicano en la OEA, Luis Alfonso de Alba, al término de la reunión.
El documento lo presentó la embajadora de Canadá, Jennifer May Loten, durante la sesión de este martes en la OEA sobre la situación de Venezuela pero el documento no se sometió a votación, aunque tenían dos votos más de los necesarios para que se aprobara.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), había presentado el pasado 14 de marzo un informe actualizado de la situación que atraviesa Venezuela a los países miembros, para unir esfuerzos y obligar al Gobierno de Nicolás Maduro a que retome el camino democrático, que genere soluciones efectivas ante la crisis económica, política y social del país caribeño.
Almagro había solicitado aplicar la Carta Democrática a Venezuela, considerada espina dorsal jurídica de la OEA, y que contempla como último recurso la suspensión de un Estado miembro. Para evitar la suspensión había establecido tres puntos clave: liberación de presos políticos, respeto al Parlamento venezolano y un cronograma para la realización de elecciones en el corto plazo.
En ese sentido, el pedido de Almagro logró reabrir el debate de la situación de Venezuela en el seno del organismo y aglutinar apoyo internacional, tanto de países miembros como de los 15 exjefes de Gobierno y Estado Iberoamericanos, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y Las Américas (IDEA), quienes han dado su apoyo a las gestiones realizadas por el secretario general.
Durante su intervención de este martes, Almagro aclaró que «no es intervencionista la protección de la democracia”, y tampoco “la promoción de los Derechos Humanos». Por lo tanto, reiteró que el Gobierno venezolano debe cumplir con la libertad para los presos políticos, el respeto al Parlamento y el cumplimiento de un cronograma electoral.
«Nos sumamos a los reclamos que se han hecho para el restablecimiento del orden democrático (…) no respaldamos ninguna invasión», puntualizó.
El documento acordado este martes se limita a emplazar a la OEA a «seguir examinando opciones, con la participación de todas las partes en Venezuela, para apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho dentro del marco constitucional venezolano».
«Coincidimos en la necesidad de que encontremos propuestas concretas para definir un curso de acción que coadyuve a identificar soluciones diplomáticas, en el menor plazo posible, en el marco institucional de nuestra organización y a través de consultas incluyentes con todos los Estados miembros», agrega el texto.
Entre los firmantes del texto están Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Jamaica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Barbados y Guyana, según confirmaron a Efe fuentes diplomáticas.
El hecho de que se diera la sesión y se discutiera abiertamente la crisis institucional y democrática de Venezuela supone un duro revés diplomático al Gobierno de Nicolás Maduro, que trató de impedir que se celebrara el encuentro, pues la votación a favor de la celebración de la sesión recibió 20 apoyos a favor y 11 en contra, salvando cómodamente la cantidad mínima de 18 votos para proseguir.
El representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Samuel Moncada, había afirmado que el debate sobre la grave crisis venezolana en el organismo multilateral es un “acto hostil” y que la representación venezolana se abstendría de hablar en la sesión extraordinaria. Lo segundo no ocurrió.
Al término de la sesión, el embajador mexicano en la OEA, Luis Alfonso de Alba, a quien se atribuye el liderazgo del llamado «grupo de los 15» países preocupados por Venezuela en la OEA, planteó analizar periódicamente, con plazos no mayores a un mes, la situación en Venezuela y la evolución de los distintos esfuerzos de mediación que se den entre el Gobierno y la oposición.
Otra de las delegaciones que fue contundente en su exposición fue la de Estados Unidos, que representó hoy el subsecretario adjunto para Latinoamérica Michael Fitzpatrick.
El diplomático resumió las propuestas que están sobre la mesa: establecer un grupo de amigos, enviar una delegación a Venezuela para hablar «con todos los involucrados» y una mesa de trabajo que dé seguimiento al tema en la OEA.
El diputado opositor venezolano Luis Florido, quien pudo llegar a Washington dijo que «el Consejo Permanente puede ayudar mucho» para lograr cuatro metas concretas: que se convoquen elecciones, se liberen a presos políticos, se abra un canal humanitario y se respete a la Asamblea Nacional.
Tensiones entre miembros
La reunión fue bastante tensa y varias delegaciones pidieron al presidente de la Consejo Permanente que llamara la atención a Samuel Moncada, nuevo embajador de Venezuela ante la OEA, por el tono utilizado durante la sesión y por los ataques a otros países miembros.
«Venezuela necesita tanto un grupo (de la OEA) como México necesita el muro», dijo Moncada en un momento.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, denunció en una rueda de prensa al término de la reunión que «hay un grupo de países que enmascarado en su preocupación, entre comillas, por Venezuela lo único que pretende es la intervención» en el país, destacó DPA.
«Y yo les voy a decir: Dejen la hipocresía, si realmente tienen intención de ayudar a Venezuela, (…) cesen el bloqueo financiero y el ‘bulling’ mediático», dijo la canciller, quien aseguró que Venezuela «no aceptará ningún tipo de intervención».
La Carta Democrática Interamericana fue aprobada en septiembre de 2001 en sesión especial de la Asamblea de OEA en Lima (Perú). La invocación de la Carta Democrática puede acabar con la suspensión del país de la OEA, como ocurrió en 2009 con Honduras, tras el golpe de Estado que sufrió el país centroamericano.
Con información de agencias.