El Gobierno intenta arrinconar a Luisa Ortega Díaz, la titular del Ministerio Público, a través del Tribunal Supremo, que admitió un antejuicio de mérito contra ella. Lejos de amedrentarse, Ortega se crece. “Avanzaré hasta donde la legitimidad me permita”, afirma.
Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República de Venezuela, no es la primera chavista que disiente de las actuaciones de Nicolás Maduro. Ya lo hicieron en su momento numerosos exministros de Hugo Chávez. Sin embargo, sí es la más inesperada. ¿Qué pasó para que una chavista como ella haya acabado afirmando que “está desmantelado el Estado de Derecho, estamos en un Estado de Terror”?
Ortega pidió desde el primer momento a Nicolás Maduro que desistiera de su intención de reformar el ordenamiento jurídico venezolano
Esta abogada de 59 años nacida en Valle de la Pascua estudió Derecho en la Universidad de Carabobo. Posteriormente, se doctoró en Ciencias Jurídicas y posee dos posgrados: uno en Derecho Procesal y otro en Derecho Penal. Sus primeros pasos en la carrera judicial los dio en los circuitos de derecho laboral en el estado Aragua con el que también fue fiscal y vicepresidente de la República, Isaías Rodríguez.
En 1999, el mismo año en el que Hugo Chávez asumió la Presidencia, ella comenzó a trabajar como consultora jurídica del canal de televisión del Estado, Venezolana de Televisión. Posteriormente ocupó el puesto de vicefiscal de Rodríguez, lo que la preparó para relevarle en 2007.
Ortega siempre se ha mostrado defensora de la figura de Hugo Chávez. Tras su muerte, lo definía como “el líder, el humanista, el hombre de patria”. Al tiempo, instaba a “seguir con el proyecto bolivariano”.
El cambio paulatino
Uno de los momentos clave en esta historia es el de la reelección de la Fiscal en 2014. Diosdado Cabello, por aquel entonces presidente de la Asamblea Nacional, defendió que fuese designada de nuevo como Fiscal General. “Yo fui uno de los que la defendí y tuve que convencer a muchos compañeros que no la querían, que decían que iba a ocurrir esto que está ocurriendo y yo asumí la responsabilidad. Pido disculpas a la Revolución por eso”, declaró el 24 de mayo.
Y es que el Palacio de Miraflores tenía en aquel momento otra candidata: Miriam Morandy. La magistrada era amiga de la diputada de la Asamblea Nacional y esposa del presidente Nicolás Maduro, Cilia Flores. Una candidata que en 2015 fue arrestada junto al presunto narcotraficante Richard José Cammarano. Finalmente fue Ortega la designada e incluso recibió la felicitación por su renovación en el cargo por parte de Maduro. Sin embargo, a partir de entonces se comenzaron a ver señales de inédita independencia.
Felicito también a la FiscalGeneral Luisa Ortega Díaz quien continuará en su misión Constitucional de construir un Ministerio Público Justo.
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 22, 2014
Posteriormente, la Fiscal comenzó a criticar los operativos policiales impulsados por el exministro del Interior y actual director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, que se realizaban en las barriadas más humildes del país, conocidos como OLP. Según afirmó, se producían constantes denuncias de violación de derechos humanos. “Hay que hacer planes de seguridad y evaluarlos, porque la inseguridad continúa. Si el número de homicidios, hurtos y robos ha aumentado, entonces el plan no funciona”, aseguró.
Por otra parte, en diciembre de 2016, a la magistrada le impidieron ser presidenta del Consejo Moral, el máximo organismo del Poder Ciudadano, como le correspondería por la rotación que se lleva haciendo desde su creación. El contralor general de la República, Manuel Galindo, y el defensor del Pueblo, Tarek Williams Saab, decidieron que fuese este último quien liderase el organismo a partir del 1º de enero de 2017.
Además, la Fiscal General se mostró en contra de las designaciones de los conocidos como “magistrados exprés”: miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que fueron elegidos apresuradamente por el anterior Parlamento de mayoría chavista después de que se conocieran los resultados de las elecciones legislativas en las que la oposición tuvo una amplia mayoría. De hecho, el 12 de junio pidió la anulación de los actos de la Asamblea Nacional de diciembre de 2015.
El autogolpe de Estado
Pero lo que realmente hizo saltar las alarmas en el gobierno de Nicolás Maduro sucedió el 31 de marzo de 2017. Tras el anuncio de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) canceló las competencias de la Asamblea Nacional para autoatribuírselas (algo que tuvo que rectificar dos días después), la Fiscal compareció ante los medios de comunicación para cargar contra esta sentencia.
“En dichas sentencias (155 y 156) se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento”, afirmó. Al tiempo, pidió reflexión para que se tomaran “caminos democráticos”.
Estas declaraciones se produjeron durante la presentación de un informe sobre los homicidios producidos en el país durante el año anterior. En él, se apunta que la tasa de muertes violentas era de 70 por cada 100.000 habitantes, cometiéndose 21.752 homicidios dolosos o intencionales. Al tiempo, certificaba que fueron registradas 4.667 muertes a manos de efectivos policiales y pidió que el Ministerio de Interior y Justicia retomara las directrices contempladas en la Ley Orgánica del Servicio de Policía del Cuerpo de Policía Nacional. Este acto fue muy representativo, ya que las palabras de la magistrada convirtieron esta cifra en oficial, cuando apenas se han publicado datos a este respecto en los últimos 15 años.
Responsabilidad de las muertes en las manifestaciones
La fiscal general de la República tampoco ha dudado en condenar la violencia contra los manifestantes. “No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si es el Estado quien toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”, señaló al tiempo que defendía la vigente Carta Magna. “Esta Constitución es inmejorable. Esta es la Constitución de Chávez”, dijo.
El rechazo a la represión por parte de las autoridades en las manifestaciones antigubernamentales fue aún más contundente tras la muerte del joven estudiante Juan Pernalete. Según el Ministerio Público, fue causada por el impacto de un cartucho de una bomba lacrimógena disparada al pecho el 26 de abril. Esta versión se contraponía totalmente a la que comunicó el Gobierno, que aseguró que la víctima murió por el impacto de “un arma no convencional”, responsabilizando así a los opositores.
Fiscal General @lortegadiaz en el caso de Juan Pernalete detalló que la investigación arrojó que fue impactado por una bomba lagrimógena
— Ministerio Público (@MPvenezolano) May 24, 2017
Contra la Constituyente
“No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si es el Estado quien toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”
A pesar de que Ortega ha asegurado que no se considera adversaria política de Maduro, pidió desde el primer momento al jefe de Estado que desistiera de su intención de cambiar la Constitución. Una petición que se hizo formal el pasado 8 de junio, cuando la magistrada presentó un documento ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el que exigió que se anule la Asamblea Nacional Constituyente, al tiempo que instó a firmarlo a todo aquel que estuviese en desacuerdo. “Pido a quienes rechacen la Constituyente que acudan a la Sala Electoral y se sumen todos los que están en desacuerdo, que vengan a rechazar tal convocatoria”.
Además, recomendó al Ejecutivo que pida al Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantar las elecciones regionales que debieron realizarse a finales del año pasado, y que fueron fijadas para el 10 de diciembre de este año.
“Traidora” y “loca”
A lo largo de los últimos meses, su marcada posición en defensa de la Constitución le ha valido a la Fiscal varios improperios por parte de la élite madurista. Diosdado Cabello, el expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, la tildó de “traidora” y la acusó de estar apoyando la impunidad y la violencia. “Es muy bueno que deserte el que tenga que desertar. Se lo regalamos a la oposición con lacito y todo. Nosotros no queremos traidores, no queremos gente que mañana ponga por delante sus intereses a los intereses de la patria”, añadió.
Por su parte, Pedro Carreño, diputado de la Asamblea Nacional, llegó a afirmar la semana pasada que la Fiscal sufría problemas mentales. “A todas luces se evidencia que esta señora no está en sus cabales, no está normal. Yo como no soy experto en la materia, como no tengo la capacidad potestativa para evaluarla, lo que procede es solicitar al máximo tribunal la conformación de una junta médica y que sean los expertos, los peritos conocedores de la materia, psiquiatras y psicólogos, los que determinen su insania mental”. A lo que añadió: “La insania mental no es otra cosa que la incapacidad para el ejercicio en un cargo”.
Posible destitución
El poder quiere a la Fiscal fuera. Eso es algo que ha quedado claro después de que el Supremo admitiera este martes la solicitud, introducida el viernes por Pedro Carreño, de un antejuicio de mérito contra Ortega Díaz por su presunta comisión de “faltas graves en el ejercicio de su cargo”. De prosperar la causa el Supremo podría destituirla. Esta función, en principio, solo corresponde a la Asamblea Nacional. Sin embargo, el máximo tribunal podría aprovechar la circunstancia del desacato parlamentario que se decretó en septiembre de 2016 para asumir sus competencias en este ámbito.
“Se anuló el Poder Ejecutivo y ahora se pretende ahora anular también el Poder Moral. Creo que se pretende anular cualquier disidencia política que aparezca. Se dictan sentencias que yo creo que son inacatables”, afirmó la magistrada a este respecto en una entrevista concedida a Unión Radio. A lo que añadió: “Y yo creo que el Estado puede entenderse como disuelto”.
Al tiempo, la titular del Ministerio Público declaró que en Venezuela “está desmantelado el Estado de Derecho, estamos en un Estado de Terror” y aseguró que va a avanzar “hasta donde la legitimidad me permita”.
Fiscal General @lortegadiaz: Está desmantelado el Estado de Derecho, estamos en un Estado de terror
— Ministerio Público (@MPvenezolano) June 20, 2017
Patricia J. Garcinuño vía Alnavío
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