Venezuela es, en este momento, un país que se quedó sin recursos para el funcionamiento de su administración pública, al negarse el gobierno de Maduro a que la Ley de Presupuesto para el 2017-18, fuera aprobada por la Asamblea Nacional.
Quiere decir que, aunque los recursos disponibles en la “Tesorería Nacional” lleguen a las cuentas a algunas dependencias, sería dinero “mal habido”, porque no es de curso legal.
Igualmente, será el caso para los compromisos de pago que adquiera Maduro con gobiernos, empresas e instituciones extranjeras, que, independientemente de su legalidad, no habrá forma de honrarlos porque el origen de los cumplimientos es ilegítimo.
Pero este, es solo uno de los embarazos en que cae un régimen que, progresivamente, va rodando por la insolvencia, porque otro de mayor factura, y de costos más altos, es que, de repente, se encontrará sin proveedores nacionales e internacionales, ya que nadie va arriesgar operaciones con clientes que, legalmente, no están en capacidad de cancelar sus deudas.
Por último, es conocido que el empeño de Maduro en autoaprobarse un presupuesto prescindiendo de la única autoridad que podía hacerlo, la Asamblea Nacional, lo deja fuera del mercado financiero internacional, que establecerá una prima de riesgo altísimo para un deudor que, más allá de toda duda, clasifica para la categoría de “paria”.
Pero, en fin, es la metódica, los usos y estilos de las dictaduras que, todos sabemos, hacen parte de su arrogancia y, también, de las provocaciones con que se exponen