Daniel Lozano
El debut del Comando Nacional Antigolpe, dirigido por el vicepresidente Tareck El Aissami, está superando todas las expectativas. Varios detenidos, entre ellos el diputado suplente de Voluntad Popular, Gilber Caro, que dispone de inmunidad parlamentaria, y la denuncia de una conspiración digna de una película de Hollywood han generado estupor e indignación en buena parte de la sociedad venezolana.
Otros poderes chavistas, como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría de la República, se han sumado a la contraofensiva ordenada por Nicolás Maduro. Entre los objetivos gubernamentales figuran dirigentes de la importancia de la activista Lilian Tintori, mujer del preso político Leopoldo López; el gobernador Henrique Capriles; el nuevo presidente legislativo, Julio Borges, y el general retirado Raúl Isaías Baduel, en otra época uno de los hombres clave del chavismo.
«Se ha desvelado un plan terrorista desestabilizador», aseguró ayer el ministro de Interior, Néstor Reverol, que no dudó en implicar a Tintori. Un supuesto plan con los condimentos habituales del chavismo: los conspiradores buscaban generar violencia en el Palacio de Miraflores para rescatar a López, como si se tratase de un nuevo capítulo del surrealismo mágico bolivariano.
Reverol difundió un diálogo telefónico entre dos personas, a quienes identificó como Tintori y el diputado suplente Gilber Caro, detenido anteayer. Según el gobierno, portaba un fusil y explosivos. La supuesta conversación no confirma las acusaciones.
«Nadie les cree, sabemos que es represión y persecución, que van en contra de VP. Ésta es la primera acción temeraria del vicepresidente, que busca aterrorizar a nuestros representantes», se defendió Tintori.
También Capriles sufrió el hostigamiento oficialista, al ser inculpado de irregularidades administrativas, con las que el chavismo busca inhabilitarlo. Según el contralor Manuel Galindo, existe presunción de «responsabilidad» contra el ex candidato presidencial.
Y finalmente Borges, presidente no reconocido por el TSJ, es acusado por Maduro de ordenar el bombardeo del mismo palacio presidencial y de las instalaciones del canal chavista Telesur.
Además de la operación contra Tintori, el chavismo involucra al general retirado Raúl Baduel, otrora hombre de confianza de Chávez, que lo convirtió en un preso político tras su ruptura con la revolución. El ex ministro de Defensa fue arrestado pese a contar con libertad condicional. Otros dos concejales opositores fueron apresados en las últimas horas con cargos parecidos.
«La constitución del Comando Antigolpe y el nombramiento de El Aissami colocan a Venezuela en la antesala de la dictadura militar abierta», sorprendió Heinz Dieterich, creador del concepto del socialismo del siglo XXI y antiguo gurú del chavismo.
«Son hechos incoherentes, violatorios de los derechos humanos, basados en trampas del Supremo», protestó Clíver Alcalá, otro general cercano a Chávez.
La otra andanada oficialista, a la que se refiere Alcalá, provino del TSJ, que determinó anteayer que todas las decisiones del Parlamento venezolano son nulas porque continúa en desacato.
Ni a Borges, elegido por la mayoría de los diputados el 5 de enero, se lo considera presidente ni a su junta directiva; tampoco es válida la declaración de abandono de cargo contra Maduro y ni siquiera la desincorporación de los tres diputados de Amazonas, trámite exigido por el TSJ para que la Asamblea vuelva a la «legalidad» y que fue acordado entre las partes durante la Mesa del Diálogo auspiciada por el Vaticano.
Vía La Nación