REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Amnistía Internacional cuestionó “la falta de independencia del poder judicial” en Venezuela y los “juicios sin garantías y encarcelamientos” contra opositores, en su informe anual para evaluar la situación de los derechos humanos en 2015.
La ONG advirtió que “preocupaba la falta de independencia del poder judicial” debido a “las injerencias en el sistema judicial de cargos públicos de los más altos niveles de la administración”.
En ese contexto, la ONG advirtió que “más del 60% de los jueces” pueden ser “vulnerables a las presiones políticas” porque ocupan sus cargos temporalmente.
La mayoría opositora en el Parlamento acusa al Poder Judicial de servir a los intereses del Ejecutivo, después de que el Tribunal Supremo de Justicia declaró válido el decreto de emergencia económica aprobado por el presidente Nicolás Maduro, pese al veto de la Asamblea Nacional.
Este martes, la máxima corte anuló parcialmente las facultades de control del Legislativo sobre los poderes públicos, entre ellas la remoción de jueces.
Por otra parte, Amnistía Internacional denunció que “las personas que se oponían políticamente al gobierno afrontaron juicios sin garantías y encarcelamientos”.
La ONG cita como ejemplo el caso del dirigente radical Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión por incitar a la violencia en las protestas antigubernamentales de 2014, que dejaron 43 muertos y más de 800 heridos.
“No existían pruebas fehacientes que respaldaran las acusaciones y las declaraciones públicas realizadas por las autoridades antes de su condena; el presidente pidió su encarcelamiento, y socavó así gravemente el derecho del acusado a un juicio con las debidas garantías”, indicó Amnistía Internacional sobre López.
Además, la organización aseguró que “se deportó, desalojó forzosamente y maltrató a personas refugiadas y solicitantes de asilo colombianas” durante el cierre de la frontera con Colombia, decretado por Maduro en agosto pasado para frenar el contrabando y el crimen organizado.
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