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Tardó la comunidad internacional en reaccionar contra el estado de cosas imperante en Venezuela desde hace 16 años… pero reaccionó. De modo que, ahora es menos verdad la fundada y sempiterna queja de la oposición de que éramos una sociedad dejada de la mano de Dios por los países y organismos obligados a defenderla, y, por lo menos, de América y Europa surgen más y más voces señalando y criticando las violaciones de los derechos humanos del gobierno de Maduro y exigiendo que se les ponga fin.
En este orden, nada más resaltable que la posición del gobierno de los Estados Unidos y su presidente, Barack Obama, los cuales, desde que el Senado de ese país aprobó una resolución sancionando a 51 funcionarios maduristas responsables de atropellos a las garantías ciudadanas, no ha pasado una sola semana sin arreciar sus críticas a una administración a la que, simplemente, etiqueta de “dictadura”.
En la UE, igualmente, un gobierno como el español que preside, Mariano Rajoy, dio también el paso de enfrentar y denunciar las aventuras neototalitarias del exlíder autobusero, y no más ayer, el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel García-Margallo, le advertía “que la libertad de expresión era irrenunciable”.
La frase surgió a raíz de la denuncia de un grupo de empresas españolas establecidas en Caracas de que, habían sido amenazadas con “ser expropiadas”, a menos que presionaran a medios españoles para que dejaran una campaña que, presuntamente, desarrollaban contra el “madurato”.
Pero de, igual manera, es inexcusable no reseñar las últimas declaraciones del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, quien, desde hace tres días, primero a un medio venezolano, y después ante un auditorio mexicano, señaló la extrema gravedad de la crisis venezolana y que la misma no podía ser abordada sino por un diálogo que siguiera a la liberación inmediata de los presos políticos.
Dos imponentes verdades que, además, vienen con las soluciones y que ojalá encuentren oído en los cada día más aislados gobernantes venezolanos.