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Javier Ignacio Mayorca argumenta este domingo en su blog personal que “los escándalos que involucran a miembros de los colectivos están obligando al Ejecutivo a cambiar su discurso hacia estas agrupaciones.
Luego de la operación policial que dejó cinco muertos en la avenida Sur 4, el Gobierno se ha visto obligado a matizar su discurso con respecto a los colectivos, es decir, las agrupaciones civiles que operan en Caracas y en el resto del país como cuerpos paramilitares y a las que se les ha asignado la tarea la defensa armada de la revolución.
El episodio del martes 7 de octubre fue demasiado evidente. De un lado estaban las unidades de la policía judicial. Del otro, militantes del colectivo autodenominado Escudo de la Revolución, con apoyo del Frente 5 de Marzo, una plataforma liderada por el sargento jubilado de la Policía Metropolitana José Miguel Odreman Dávila, que pretendía constituirse en punto de fusión de otros tantos colectivos.
Desde CICPC se filtró la información de que la organización liderada por Odreman, de 43 años de edad, estaba vinculada con el homicidio del oficial de la Policía Nacional Francisco Antonio Viloria, de 24 años, reportado en el barrio José Gregorio Hernández de Cotiza el 9 de enero. En ese mismo hecho murieron Yohanny Wilfredo Rojas y Luar Rafael Pérez, de 22 y 23 años de edad, respectivamente. Igualmente, la sindican de participar en los asesinatos de dos hombres que fueron hallados en las riberas del rio Guaire, envueltos en bolsas para basura, así como también en la muerte de Yohan José Alaya Pérez, de 33 años, luego de que supuestamente fue torturado en el sótano del edificio Manfredir, principal objetivo del allanamiento.
Nada de esto fue precisado por el actual director de ese organismo José Gregorio Sierralta, quien ese día se limitó a emitir mensajes vía twitter desde Valencia para aclarar que la acción que prácticamente mantenía paralizado al centro de Caracas no obedecía a las pesquisas sobre el asesinato del diputado Robert Serra.
En medio de la confusión, el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, así como el propio Sierralta, intentaron hacer una distinción entre colectivos y bandas delictivas. En ese imaginario, los primeros se dedicarían al trabajo social en sus comunidades, mientras que los otros a delinquir.
Este discurso se fue refinando con el pasar de los días. El sábado, durante un acto público, Rodríguez Torres hizo esta caracterización: “Un colectivo es expresión de la organización del poder popular. Los colectivos en Venezuela tienen años de constituidos, años de trabajo, son para la paz y por la paz, la cultura, el deporte y la organización popular. Vimos en los twitter de muchos colectivos cómo se deslindan de la violencia para ejercer la participación política”.
¿Este Rodríguez Torres es el mismo oficial que, cuando era mayor con oficina en la Vicepresidencia, contribuyó a orquestar los círculos bolivarianos? Desde entonces, él ha podido presenciar la evolución de los colectivos. La imagen idílica que expresó en el acto de la Plaza Caracas no obedece a la realidad actual sino a la etapa previa a la crisis política de 2002-2003. Desde entonces, los colectivos han seguido el principio expresado en su momento por el propio Hugo Chávez, según el cual el proceso político que él lideró era “pacífico, pero armado”. La realidad demostró que era cada vez menos pacífico y más armado.
Entiéndase bien: los colectivos, especialmente los más evolucionados como La Piedrita, Tupamaros o Alexis Vive, tienen patrones de organización similares a los que poseen agrupaciones consideradas terroristas, tales como ETA en el País Vasco o Hamas en Palestina. Antaño también la tuvo el Ejército Republicano Irlandés. Por una parte, tienen un ala militar, dedicada de las acciones de choque. Por la otra, una rama política, encargada de las negociaciones con otros sectores, la vocería pública y la “acción social”, que les hace ganar adeptos especialmente en los sectores más desposeídos.
Un reportaje publicado por El Nacional el 14 de septiembre (http://www.el-nacional.com/sucesos/Cotiza-centro-operaciones-colectivos-Caracas_0_482351846.html) refleja claramente que el Frente 5 de Marzo intentaba seguir este modelo. Es decir, detrás de la manzana va el garrote.
El discurso esgrimido por los miembros del Ejecutivo tiene pies de barro, especialmente cuando se escuchan los testimonios de los familiares del sargento Odreman y los demás fallecidos en el edificio Manfredir, quienes recordaron que para el Gobierno ellos sí podían llamarse colectivos cuando defendieron a todo trance al presidente Maduro durante las manifestaciones de febrero. Cuando siguieron aquella orden impartida en cadena nacional: “Candelita que se prenda, candelita que se apaga”. Ahora, desde luego, repudian que los llamen bandas criminales.
La conducta mostrada desde el régimen hacia los colectivos sugiere la noción de que hay una violencia buena y otra reprochable. La primera, encaminada a sostener el estatus político. Allí todo es posible. Se asegura la impunidad, por ejemplo, cuando miembros de estos grupos irrumpen en urbanizaciones de Mérida para arremeter contra los residentes que participan en las protestas antigubernamentales. O ante el robo continuado de motocicletas de la Alcaldía Metropolitana, a cargo del opositor Antonio Ledezma. Lo que no se puede hacer es atentar contra el régimen, sus actores y sus intereses. Esa línea no se puede cruzar.