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En el año 2010 Manuel Felipe Díaz, otrora presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de la Industria Venezolana del Aluminio (Sutrapuval), introdujo una denuncia ante la Fiscalía Superior del Estado Bolívar por desfalco contra la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Fue un esfuerzo por hacer justicia contra los responsables de la pérdida de 500 millones de dólares del estado venezolano, que nunca se recuperaron.
Según consta en el expediente que conserva el diario El Universal, de Caracas, el para entonces ministro de las Industrias Básicas y Mineria (Mibam), Rodolfo Sánz, manejaba una cuenta, número 30 111 840 900 0000 05861, a nombre de la Corporación Venezolana de Guayana en la filial del Libano del banco ruso Gazprombank Invest en la que, en el mismo año de la denuncia, compradores a futuro de la CVG, transfirieron por instrucciones Sanz, fondos previa orden enviada por un fax.
Dicha cuenta era manejada por el exministro, Jorge Rojas Montero, su pariente y un operador financiero de nombre, Alejandro Ceballos.
Rojas Montero, es a su vez, muy cercano a Mauro Libi, socio de Carlos Romero, dueño del recientemente adquirido Banco Plaza y representante de un financista de apellido Gorrín.
A los denunciantes ante la Fiscalía les pareció -al menos- extraño que el dinero de las ventas a futuro haya entrado en la sucursal que el poderoso banco ruso y peor aún, en una cuenta cifrada que sustituye la identidad del titular, por un código que solo conocía él y el ejecutivo de la entidad financiera.
Los fondos de contratos firmados con el objetivo de invertir tecnológicamente en las plantas, así como en el pago de pasivos laborales, aunado al pago de proveedores, nunca llegaron a su destino. Por el contrario, en las empresas básicas, faltó dinero y, para compensar, sobraron deudas. Así, por lo menos, dejó eso quien ahora es jefe del municipio Guatire a donde fue confinado.
Pero no nos distraigamos. Una segunda operación la montó entonces Jorge Rojas y en la denuncia se anexó una copia de un fax enviado el 4 de septiembre del 2010 desde el número telefónico 0212-977.73.99, en el que se giraban instrucciones para depositar en la misma cuenta de Líbano.
Pero Jorge Rojas no sólo aparece en ese escándalo. En otra negociación con una empresa china se suscribió un contrato por 1.000 millones de dólares en toneladas de hierro y planchones.
También hicieron negociaciones con oro, en complicidad con Luis Herrera Mendoza, presidente de Minerven, destituido por corrupción y mala administración en junio de 2011.
Entre los actos ilegales cometidos por Herrera Mendoza, además del abultamiento de la nómina con un personal no productivo con fines proselitistas (de 900 pasaron durante su gestión a 2.300) e incumplimiento de las normativas del BCV, figuran otras denuncias más graves realizadas por los propios trabajadores y los consejos comunales de El Callao, acerca de las ilegales actividades de Herrera Mendoza junto con sus cómplices, los chavezchicos: obras y servicios fantasmas, compras con sobreprecio y, lo más grave, ventas de oro a futuro y venta de oro a precios especiales a miembros del mismo grupo, que luego era revendido a precios internacionales, generando ganancias ilegales a los intermediarios.