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Como un “ultraje” calificó el gobierno de Juan Manuel Santos la deportación forzosa de 10.000 colombianos del territorio venezolano en un desatino que no puede atribuirse sino a la naturaleza totalitaria de la dictadura de Nicolás Maduro.
Ahora bien, “ultraje” es, según el idioma y el derecho que civiliza a venezolanos y colombianos: “Hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad, etc., especialmente cuando se hace en público y con violencia”.
En otras palabras, que el gobierno de Maduro debía dar cuenta de sus actos, si no de acuerdo al derecho de guerra que era el de uso en tiempos ya felizmente idos, si de acuerdo al derecho de paz, que es el que se realiza en los organismos multilaterales, -llámense ONU, OEA, Unasur u otros-, instancia donde los gobiernos dirimen sus diferencias sometiéndose a mecanismos y sentencias que deben acatarse.
Fue lo que pretendió Colombia, encontrándose con la sorpresa de que Maduro, “el ultrajador mayor”, había hecho sus maletas y se encontraba de viaje por Asia, dijeron sus adláteres y que en “viaje de negocios”, pero más bien en viaje del placer que produce en ciertos transgresores burlarse de la ley y, además, de sus víctimas.
En viaje por Vietnam y China, dos países que durante el siglo XX hicieron guerras nacionales pavorosas para cobrar “ultrajes” y no podían saber que estaban dándole cobijo a tamaño delincuente.
Cobarde y patán, además, por atropellar niños, ancianos y mujeres e ir a esconderse bajo las alas de dos países con fama de guerreros, a los cuales, de paso, también les tumbó unos miles de millones de dólares.
Son desafueros que se les viene haciendo a los venezolanos desde hace 16 años, que ahora se les hace a los colombianos, y nos sorprende en el sentimiento común de ponerle fin a la peor tiranía que hemos sufrido después que el Padre Libertador nos hizo hermanos en la libertad, la democracia y la justicia.