Los acuerdos con Venezuela bajo la lupa
La agrupación parlamentaria del Partido Nacional acordó impulsar dos investigaciones en la Cámara de Representantes para indagar los acuerdos firmados en 2010 entre los entonces presidentes de Uruguay y Venezuela, José Mujica y Hugo Chávez, creando el Fondo Artigas—Bolívar, así como el frustrado negocio de la planta regasificadora y la concesión de la obra a la firma brasileña OAS, investigada por corrupción en Brasil.
Para que prosperen los planteamientos, el Partido Nacional necesita el respaldo de toda la oposición (colorados, independientes y Unidad Popular) y aún un voto más. Por eso, está jugado a que el diputado frenteamplista Gonzalo Mujica le dé el voto 50 dado que recientemente anunció su disposición a apoyar alguna de las investigaciones que se propondrán.
En caso de que el voto 50 finalmente no aparezca, el Partido Nacional estudiará la situación y podría decidir presentar los antecedentes de cada caso ante la Justicia. Esta decisión se tomará más adelante, dijeron a El País fuentes de la colectividad.
Ayer el planteo fue considerado en la bancada del Frente Amplio que se reunió como todos los lunes. El coordinador de la misma, Rafael Michelini (Nuevo Espacio), declaró a Telenoche de Canal 4 que cuando se formalice «se verá el contenido de los planteos del Partido Nacional».
«Hay aspectos que pueden tener su fundamento y otros que son pompas de jabón para 2019», dijo con ironía Michelini.
«Nos preocupa la transparencia y el manejo de los recursos públicos pero no somos tontos y sabemos que hay una campaña electoral prematura», afirmó Michelini.
En el marco del acuerdo energético con la administración Chávez y el Fondo Artigas—Bolívar, el volumen de los negocios es de unos US$ 1.100 millones, según las estimaciones de Trobo.
Venezuela «está en el peor lugar de los ranking internacionales en materia de corrupción. Y Uruguay ha hecho negocios con ese país», sostuvo Trobo.
Otras de las preguntas del legislador tienen que ver con «los negocios realizados y sus intermediarios, personas y empresas que han recibido del gobierno de Mujica la gracia de ser el agente monopólico en Uruguay para una relación con entidades monopólicas venezolanas. El gobierno le concedió derechos a individuos cercanos al partido de gobierno para que fueran los agentes en esa relación», remarcó Trobo.
«Está mal que sea el presidente quien decida que una persona es la única que puede vender ciertos productos a Venezuela. El único que puede comprar es el Ministerio de Alimentación o alguna de las entidades que dependen de él», dijo el diputado.
Agregó que en Venezuela se están investigando en la Asamblea Nacional «los negocios de entidades oficiales, de cuyas ganancias de miles de millones de dólares han terminado en cuentas ubicadas en paraísos fiscales».
«Venezuela es un país corrupto, tiene un gobierno corrupto que hace negocios con otros países. Uno es Uruguay», agregó.
Regasificadora.
El diputado Pablo Abdala (Alianza Nacional) fue designado miembro denunciante de la frustrada construcción de la planta regasificadora en Puntas de Sayago.
«El partido ha llegado a la conclusión de que es un negocio ruinoso, que también como los negocios con Venezuela, tiene visos de corrupción», explicó Abdala.
Además, recordó que la justicia brasileña investiga el caso en estos momentos, y a personas «sobre las que hay presunciones evidentes de que han participado en la conexión de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff ante el gobierno uruguayo para que se le adjudicara la obra a la empresa OAS».
Según el diputado Abdala, «la justicia brasileña investiga al exministro de Energía de Rousseff, actual gobernador de Minas Gerais, quien intercedió ante el gobierno del expresidente Mujica para que la obra se le adjudicara a OAS y a cambio de eso cobró un soborno».
OAS fue denunciada por la constructora uruguaya Costa Fortuna por lavado de activos, algo que forma parte de una investigación en un juzgado de Crimen Organizado, recordó Abdala.
El empresario José Aldemiro Pinheiro, el presidente de OAS, fue condenado el año pasado a 16 años y 4 meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y formación de organización criminal por el pago de «coimas» a ejecutivos de Petrobras para que se le adjudicaran licitaciones.
Vía El País, Uruguay.