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Tenedores de valores de las dos emisiones realizadas por la empresa, compradores de apartamentos del condohotel como inversión, dueños residentes del complejo que no comparten la propiedad de las comunes como la piscina, y compradores de cientos de paquetes vacacionales que no podrán ser disfrutados, son los perjudicados por el fracaso de un proyecto turístico y residencial de grandes proporciones en el Pacífico panameño.
El artículo en Prensa.com reseña que «… Antonio Bonilla, cara visible de los inversionistas extranjeros detrás de R.G. Hotels, y sus abogados aseguraron ayer que la compañía que compraron era una “casa de naipes”, con información falsa en sus estados financieros y propiedades sobrevaloradas. Esto, según los propietarios del grupo hotelero que voluntariamente ha solicitado la quiebra, tocaría también a las propiedades que están en un fideicomiso.»
«… Un complejo proceso de quiebra en las empresas R.G. Hotels y Casa de Campo Farallón pone en esquinas opuestas a los fundadores de las compañías y a sus dueños actuales, quienes se acusan mutuamente de la debacle de la entidad, de fraude y de estafa. Los inversionistas que compraron bonos y valores comerciales negociables han entrado en un terreno minado, y se alteran al no saber cuánto recibirán por cada dólar de los $30 millones invertidos. Los actuales dueños de R.G. Hotels y Casa de Campo Farallón, cuya única cara visible es Antonio Bonilla, dijeron ayer que después de analizar toda la información financiera de las empresas hoteleras luego de su compra pueden concluir que los activos por $125 millones registrados en libros tienen un valor de al menos $35 millones, mientras que las deudas suman cerca de $70 millones.»
Inversores con las tablas en la cabeza
Los tenedores de bonos y valores que invirtieron $30 millones en la deuda emitida por R.G. Hotels han quedado atrapados en medio de disputas legales entre los actuales dueños y fundadores de la empresa, que hoy enfrenta un proceso de quiebra retroactivo.
Antonio Bonilla, cara visible de los inversionistas extranjeros detrás de R.G. Hotels, y sus abogados aseguraron ayer que la compañía que compraron era una “casa de naipes”, con información falsa en sus estados financieros y propiedades sobrevaloradas.
Esto, según los propietarios del grupo hotelero que voluntariamente ha solicitado la quiebra, tocaría también a las propiedades que están en un fideicomiso.
Afirman que las garantías que respaldan los bonos tienen un valor de solo $2.1 millones, mientras que las de los bonos valen cerca de $7 millones.
ABS Trust, la fiduciaria que administra los bienes en garantía, precisó en una carta enviada a la Superintendencia del Mercado de Valores que el patrimonio bajo su custodia tenía un valor de $13.8 millones a enero de 2015.
Se conoció que fincas con derechos posesorios, que a su vez forman parte de las garantías, no entran en esta contabilización, pero no porque ABS Trust considere que carecen de valor, sino porque hasta ese momento no se había validado el estatus de la titulación de las tierras en cuestión. Estas tendrían un valor de $5 millones.
EL FUTURO INCIERTO DE LOS INVERSIONISTAS
Un complejo proceso de quiebra en las empresas R.G. Hotels y Casa de Campo Farallón pone en esquinas opuestas a los fundadores de las compañías y a sus dueños actuales, quienes se acusan mutuamente de la debacle de la entidad, de fraude y de estafa.
Los inversionistas que compraron bonos y valores comerciales negociables han entrado en un terreno minado, y se alteran al no saber cuánto recibirán por cada dólar de los $30 millones invertidos.
Los actuales dueños de R.G. Hotels y Casa de Campo Farallón, cuya única cara visible es Antonio Bonilla, dijeron ayer que después de analizar toda la información financiera de las empresas hoteleras luego de su compra pueden concluir que los activos por $125 millones registrados en libros tienen un valor de al menos $35 millones, mientras que las deudas suman cerca de $70 millones.
Bonilla dio ayer una conferencia de prensa junto a su equipo de abogados: Alvin Weeden, Jorge Hernán Rubio y Jorge Luis Lau Cruz.
Se preguntó si el análisis que ahora hacen público fue realizado antes de haber adquirido la empresa a finales de 2014.
Según Bonilla, se hicieron las investigaciones durante un año y fue en enero de 2015 cuando encontraron las irregularidades, reportadas inmediatamente a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
“Miramos tres años de estados financieros auditados, un certificado de calificación de riesgo, estaban en circulación $30 millones de emisiones y $180 millones en propiedades en un fideicomiso, [y] cómo saber que todo eso era falso. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero al final de cuentas cuando entramos a ver todo era mentira. Una casa de naipes”, afirmó Bonilla.
Al momento que las acusaciones de propiedades sobrevaluadas y estados financieros irregulares llegaron a las oficinas de los reguladores, Rugiere Gálvez Marcucci, fundador de RG Hotels, alegó que los nuevos compradores tenían la intención de “devaluar a los tenedores de bonos para una compra a descuento de los títulos y remate de activos”.
Si no existiesen dos emisiones en el mercado de valores, la reciente quiebra decretada por el juez Manuel de Jesús Corrales Hidalgo sería un pleito entre dos grupos económicos.
Sin embargo, la emisión por $30 millones y el efecto retroactivo de la quiebra fallada por el Juzgado Primero de Circuito de Coclé ha despertado intranquilidad en el mundo financiero local, ante la indefensión en la que se encuentran los inversionistas que compraron los bonos.
Abogados de casas de valores que recomendaron a sus clientes invertir en los bonos de R.G. Hotels, afirmaron en una primera reunión de acreedores celebrada la semana pasada que la quiebra retroactiva anula la figura del fideicomiso, por lo que las garantías que hoy reposan en el fideicomiso entrarían a una masa de liquidación global.
Weeden, defensor de lo fallado por el juez, aseguró ayer que esto no ocurrirá, y afirmó que los tenedores de bonos recibirán su dinero tras liquidarse las garantías, de la misma manera que los bancos tienen derecho a hacer uso de las fincas hipotecadas.
Lo que sí advirtió fue que las propiedades en el fideicomiso no tienen el valor reportado en libros. De acuerdo con sus análisis, las garantías de bonos solo tienen un valor de $2.1 millones, mientras que las de los valores comerciales sumarían otros $7 millones.
“Se trata de un fraude”, sentenció Weeden, quien culpó a todo el sistema financiero por permitir una emisión de deuda a una empresa que, para ese entonces, “ya estaba en quiebra”.
ABS Trust, la fiduciaria que administra las garantías, no dio declaraciones al respecto. Sin embargo, en una certificación enviada previamente a la Superintendencia del Mercado de Valores, asegura que hasta enero de este año el patrimonio administrado tenía un valor de $13.8 millones.
Fuentes vinculadas al tema informaron que fincas con derechos posesorios, que a su vez forman parte de las garantías, no están contabilizadas, pero no por carecer de valor alguno, sino porque hasta ese momento no se había validado el estatus de la titulación de las tierras en cuestión.
Felipe Chapman, presidente de la junta directiva de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP), reiteró lo que ha dicho anteriormente. “Cuando la empresa realiza la emisión de deuda, obviamente no estaba en quiebra. Mientras estuvo bajo la administración anterior [en control de Rugiere Gálvez], cumplió con todas sus obligaciones financieras. No es hasta que se da la compraventa que se reporta el incumplimiento de pago. Y de allí ocurre el absurdo de una quiebra retroactiva que desconoce los activos que están en un fideicomiso”.
Roberto Brenes, exgerente de la BVP, indicó que las declaraciones de Weeden son “un show mediático que comprueba de qué lado del caso está”.
Previo a la conferencia de ayer, los tenedores de bonos habían recibido correos electrónicos en los que Weeden ofrecía sus servicios legales para defenderlos, precisamente en el proceso de quiebra voluntaria solicitada por R.G. Hotels, a los que ahora representa él en la esfera penal.
Weeden dijo ayer que desistió de esta representación ante cualquier conflicto de interés.
Quienes se oponen a sus planteamientos han dicho, bajo la reserva de sus nombres, que a R.G. Hotels y sus abogados deben probar todo lo que declaran.
La empresa prometía un verano de ensueño. Hoy, el proyecto debe $150 mil por el servicio de energía eléctrica
Dueños en zozobra
Dueños de apartamentos en el condohotel de playa Las Perlas, desarrollado por R.G. Hotels, revelaron que después de años de ocupar sus propiedades, algunos no han recibido las escrituras que certifican la cancelación de su bien.
Prefieren el anonimato, pero advierten que la quiebra ha generado zozobra, pues temen que sus propiedades entren a un proceso de liquidación global. De hecho, se han presentado a una primera reunión de acreedores para exponer su caso.
Al mismo tiempo, otros denuncian que compraron los bienes a modo de inversión y con el interés de recibir cerca de $4 mil mensuales por el arrendamiento de sus apartamentos, pero el dinero prometido no llegó a sus manos.
En tanto, hay quienes no firmaron ese contrato de administración, pero compraron apartamentos de entre $200 mil y $800 mil. Ellos se quejan de la práctica de segmentar fincas, con lo que ahora queda fuera de su alcance áreas como la piscina, la garita y estacionamientos.
Las dos torres de apartamentos fueron vendidas con la promesa de que un operador hotelero se encargaría de la administración y las amenidades, pero ahora que la empresa entró a un proceso de quiebra, nada funciona. Ni siquiera cuentan con energía eléctrica.
R.G. Hotels tenía entre sus planes construir una torre llamada Aqua, sin embargo, los trabajos no se concretaron. Hay casos de clientes extranjeros que compraron propiedades al contado, pero ahora su estatus es incierto.
DUEÑOS DE APARTAMENTOS, EN LA TORMENTA
La quiebra de R.G. Hotels levantó el polvo íntegro bajo las alfombras de un supuesto emporio residencial y turístico en el Pacífico panameño y que afecta a quienes invirtieron en apartamentos y paquetes vacacionales.
Hasta ahora, poco o nada se sabía de los compradores de apartamentos en el condohotel Las Perlas, ubicado en Farallón, Coclé. Quienes se hicieron de bienes con vista al mar y soñaron con sus fiestas veraniegas, ahora están preocupados por las implicaciones de la quiebra y los efectos que esta tiene sobre sus propiedades.
Se trata de inversiones de entre $200 mil y $800 mil, que bajo parámetros normales estarían totalmente blindadas.
No obstante, los dueños de los apartamentos han pasado por un largo período de litigio con la administración que fundó el proyecto y más tarde con los inversionistas que compraron R.G. Hotels. Advierten que desde 2011 empezó lo que describen como una “pesadilla”.
El condohotel Las Perlas tiene entre sus activos dos torres de apartamentos. Inicialmente se llamó Nicki Beach, pero la empresa propietaria de la marca decidió romper el contrato luego que “el desarrollador local había violado un acuerdo de operación al no ajustarse a los estándares, a las pautas arquitectónicas y a los requisitos de operación”. Más tarde se llamó Royalton, luego Wyndham y por último Las Perlas.
Los cambios en la administración hotelera reflejaban problemas entre el operador de las marcas y los dueños del proyecto. Pero en medio de la entrada y salida de cada sello estaban los propietarios de los apartamentos que eran rentados a los turistas.
Ellos cuentan que bajo el control de los fundadores Rugiere Gálvez y su hija, Maruquel Gálvez, prácticamente se les obligaba a firmar contratos de administración. Esto implicaba su consentimiento para que sus apartamentos fueran rentados como habitaciones hoteleras bajo el compromiso de recibir hasta $4 mil mensuales, pero el dinero nunca llegaba a sus manos, según sus declaraciones.
Calculan que en concepto de renta de sus apartamentos se les adeuda cerca de $1 millón, que podrían reclamar en el proceso de quiebra.
Además, y probablemente lo más irregular, es que varios de los compradores, en su mayoría inversionistas extranjeros, hicieron sus pagos al contado y no han recibido las escrituras que respalden su compra.
De hecho, a ningún propietario se le entregó escritura antes de 2014, a pesar de cancelar y ocupar las propiedades desde 2011.
“Nos decían un cuento hoy y otro mañana. Tenías que pelear para poder que te entregaran la escritura de un bien que ya estabas ocupando y que habías cancelado”, cuenta uno de los propietarios.
Advierten que algunos compradores no alcanzaron a conseguir la titularidad de sus bienes y temen que la propiedad por la que ya pagaron entre a un proceso de liquidación en caso de que se dicte sentencia de quiebra.
Los abogados y representantes de algunos de ellos se han notificado ante Manuel Jesús Corrales Hidalgo, juez primero civil del Circuito Judicial de Coclé, que decretó la quiebra el 21 de octubre de 2015, con efecto retroactivo a partir del 31 de julio de 2012.
Las fincas que forman parte del proyecto Las Perlas fueron segmentadas, tal como hizo R.G. Hotels con el proyecto de playa Ibiza Corona y Coronado. Así las cosas, las fincas en donde se encuentra la piscina, la garita y los estacionamientos no forman parte de los condominios. Estos bienes también entrarían a la liquidación, de concretarse la sentencia del juez Hidalgo.
Los propietarios no descartan entrar en una pelea legal para quedarse con esos bienes. Consideran que pagaron apartamentos de hasta $800 mil que, precisamente por su valor, incluían las infraestructuras y beneficios de todas las áreas sociales y comunes.
En la publicidad que utilizó R.G. Hotels para vender los apartamentos aparecen las grandes piscinas de las áreas sociales que forman parte del complejo. Fue así como se cautivó a los compradores.
“Muchos invirtieron ilusionados. Creíamos en el promotor. En realidad era un lindo proyecto, pero nos hemos dado cuenta de que todo era irregular”, indicaron.
Se refieren al contrato de compra venta en el que explícitamente se dice que pueden hacer “uso de la piscina”. Esto implica que no son los dueños, como en efecto se sustenta con la segmentación de las fincas.
Hay quienes denuncian ilegalidades en las escrituras de sus propiedades. Ahora, que ha quedado en evidencia la insolvencia de la empresa, miran al detalle todos los documentos que guardan relación con su propiedad y han podido comprobar que se les atribuye estacionamientos que no existen.
Al ser un “condohotel”, la administración ha quedado a la deriva en pleno proceso de quiebra. No hay luz. Para ser exactos, se deben cerca de $150 mil en factura eléctrica. La piscina está sin uso. Seca como un pozo en verano. Y aunque se le ha tratado de dar mantenimiento a las áreas verdes, estas se empiezan a ver descuidadas.
A través de la empresa Blue Vacations, R.G. Hotels vendió cerca de 800 paquetes vacacionales que suman miles de dólares y que ahora no se pueden redimir, pues el “condohotel” está cerrado.
Se intentó comunicar con Gálvez a través de sus abogados. Indicaron que analizarían el tema para luego hacer sus descargos y prometieron una entrevista en detalle.
Se defienden los nuevos propietarios
Los nuevos propietarios de RG Hotels se defendieron de las acusaciones hechas por Rugieri Gálvez, antiguo dueño del consorcio declarado en quiebra recientemente.
Anteayer, en conferencia de prensa denunciaron ser víctimas de un posible fraude hecho por Gálvez.
Alvin Weeden, defensa legal de los inversionistas, dijo que se tuvo que ir a la quiebra voluntaria para sacar la plata que no está en los fideicomisos de garantías.
Explicó que el problema es que los bienes que están en el fideicomiso no son suficientes para pagarle a los tenedores de los bonos VCN (valores comerciales negociables).
Según Weeden, en el caso de los bonos solo hay cerca de $2 millones garantizados de $15 millones.
‘Responsabilizamos a todos los que les vendieron bonos a ellos, pues le dijeron que estos bonos estaban garantizados y no era cierto’, señaló Weeden.
‘El fideicomiso no estaba ni bien constituido ni era correcta la cifra que tenía de los bienes’, precisó.
Agregó que ‘hay irregulares graves’ en perjuicio del mercado financiero y de los tenedores de los bonos.
‘La quiebra va a determinar los niveles de responsabilidad de cada uno’, concluyó.