El repunte del uso ilegal de la fuerza, decenas de detenciones arbitrarias, al menos 10 personas asesinadas, entre otros preocupantes abusos contra la población registrados este fin de semana en Venezuela, muestran un consistente patrón de deterioro de los derechos humanos en el país, dijo Amnistía Internacional.
El Presidente Maduro y su gobierno parecen estar viviendo en un universo paralelo.Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional
“El Presidente Maduro y su gobierno parecen estar viviendo en un universo paralelo,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Las autoridades no pueden continuar ignorando la tensión y violencia de esta jornada, y deben atender las necesidades urgentes de toda la población, incluidos quienes no están de acuerdo con el gobierno.”
“El uso de la fuerza letal en Venezuela tiene que parar de inmediato. Las autoridades deben investigar todos los actos de violencia vengan de quien vengan de forma imparcial y en tribunales civiles. Se tienen que tomar acciones inmediatas para cesar las numerosas detenciones arbitrarias, homicidios y demás graves violaciones a los derechos humanos.”
El uso de la fuerza letal en Venezuela tiene que parar de inmediato. Las autoridades deben investigar todos los actos de violencia vengan de quien vengan de forma imparcial y en tribunales civiles. Se tienen que tomar acciones inmediatas para cesar las numerosas detenciones arbitrarias, homicidios y demás graves violaciones a los derechos humanos. Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional
El uso ilegal de la fuerza ha aumentado gravemente en el país. De acuerdo al Ministerio Público, el día de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente fallecieron al menos 10 personas, incluyendo adolescentes.
También se han reportado ataques indiscriminados contra la población, incluyendo disparos y lanzamiento de bombas de gas lacrimógeno contra viviendas y cercanías de hospitales, además de decenas de personas lesionadas por militares, policías y grupos civiles armados.
Vía Amnistía Internacional.
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