Olga Meza, de 38 años, dormía con su esposo cuando a las 2:30 a.m. fue despertada abruptamente por cinco hombres armados que habían ingresado a la humilde vivienda, vistiendo de negro y con el rostro cubierto.
Los agresores sacaron a la pareja violentamente de la cama, y llevaron al esposo a la sala de la casa –ubicada en Villa Zoita, en la isla venezolana de Margarita– y le obligaron a permanecer acostado en el piso con golpes y amenazas de muerte. Meza, ya muy asustada, fue llevada al pasillo, donde la recostaron contra una pared. El que la sujetaba, le apretaba el estómago con una rodilla mientras mantenía el cañón de su arma en la boca de la mujer.
Los hombres luego entraron al cuarto de la hija de Meza, de 19 años, y comenzaron golpearla y patearla después de arrebatarle el bebé que tenía en los brazos. Pero fue muy poco lo que Meza logró ver de lo que sucedía allí; el que le sujetaba, la agarró por el rostro y la obligó a mirar hacia la habitación donde se encontraban sus dos hijos, de seis y de 16 años.
Uno de los hombres entró a ese cuarto, y sin encender la luz, disparó cuatro veces contra el mayor de los hijos, Ángel Joel Torrealba, cuya muerte fue reportada al día siguiente como el abatimiento de un delincuente armado que se enfrentó a tiros con agentes del CICPC, la policía federal de investigaciones en Venezuela.
La muerte de Torrealba –registrada en un informe elaborado conjuntamente por las ONGs Human Rights Watch y Provea– es solo una de las más de 700 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas en el país desde que el régimen de Nicolás Maduro introdujo las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).
Pero el elevado número de muertes producidas en las redadas sugiere que el principal interés de las autoridades no es llevar a los delincuentes a la justicia.
“Salen a matar”, dijo desde Caracas Inti Rodríguez, coordinador de Provea, organización que vela por los derechos humanos en Venezuela.
“En este momento tenemos más de 700 ejecuciones extrajudiciales cometidas desde la introducción de las OLPs. Estamos hablando más de 450 de esas ejecuciones en lo que va del año, y 245 el año pasado», señaló Rodríguez.
Ninguno de los más de 700 ejecutados tuvo oportunidad de contratar un abogado para mostrar su inocencia ante una corte, y entre los muertos se encuentra un importante número de personas que en realidad no estaban vinculadas a actividades delictivas.
En algunos casos, como el de Ángel Joel Torrealba, las ejecuciones fueron cometidas incluso antes de que los agentes confirmaran la identidad de la víctima.
Según el informe de las ONGs, fue después de haber disparado que el agente encendió la luz de la habitación. “Se acercó al cuerpo sin vida de Torrealba y miró el rostro de este, [luego] dirigió la mirada al agente que sujetaba a Meza [la madre del adolescente], hizo un gesto con los ojos indicando decepción y sacudió la cabeza […] dando a entender que Torrealba no era la persona que estaban buscando”.
Meza posteriormente relató que los agentes esa noche saquearon 172 viviendas de esa comunidad. Los vecinos relataron que robaron alimentos, televisores, equipos de aire acondicionado y ventiladores, mientras les preguntaban a los residentes si conocían a un joven de 22 años llamado Ángel Rodríguez.
La lucha contra la delincuencia dejó de tener un carácter policial y es llevada bajo doctrinas y filosofías más cercanas a la de militares en guerra. Esto puede verse claramente en el mismo lenguaje oficial, comentó Inti Rodríguez.
En unas declaraciones recientes del entonces Ministro de Relaciones Interiores, Gustavo González López, el funcionario menciona el asesinato de dos policías a manos de delincuentes y, en vez de anunciar que los causantes serán llevados a la justicia, dijo que las muertes serían vengadas.
“Ese mismo día dan de baja a 12 presuntos delincuentes”, señaló Rodríguez.
El columnista y experto en temas delincuenciales Javier Ignacio Mayorca dijo que las organizaciones policiales de Venezuela han recibido “manga ancha” para actuar dentro de las Operaciones de Liberación del Pueblo.
“Cada vez que lanzan una OLP, eso son 15 o 16 muertos en supuestos enfrentamientos que en su gran mayoría no son tales”, comentó Mayorca desde Caracas. “En esos presuntos enfrentamientos, rara vez sale un funcionario de policía con un rasguño”.
Las minutas policiales presentadas después de los incidentes siempre dicen lo mismo: el avistamiento de sujetos con actitudes sospechosas, los agentes dan voz de alto, el sujeto saca el arma, y sale corriendo y se confina en una casa, allí van los agentes y muere el hombre, en un enfrentamiento que no dejó policías heridos, ni muertos.
Para Mayorca, el fenómeno que se presenta en Venezuela es muy distinto al que ha registrado en el pasado en Colombia, donde “grupos de exterminio”, emprendían labores de “limpieza social” o “limpieza política”.
Eso no quiere decir que entre los ejecutados no se encuentren algunas personas inocentes, coincidió Mayorca.
Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de la Conflictividad, dijo que el régimen de Maduro lo que ha hecho a través de las OLPs ha sido “institucionalizar” las operaciones de los escuadrones de la muerte que de algún tiempo ya venían operando dentro de los cuerpos policiales.
“Estos son comandos armados, que principalmente asesinan a personas pobres en los sectores populares, que han realizado masacres en los barrios [pobres] de Caracas”, dijo Ponce. “En esas masacres han sido asesinados presuntos delincuentes y también vecinos”.
El intento ha tratado de resolver por la fuerza un gran problema estructural que está detrás de los altos índices de criminalidad en Venezuela, que en parte fueron causadas por la adopción de fracasadas políticas estatales.
Pero el remedio parece estar empeorando la enfermedad. Las OLPs están llevando a las bandas criminales a unir fuerzas y a consolidarse en megabandas, de más de 30 o 50 integrantes, que luego salen a combatir abiertamente contra los organismos policiales.
“Las OLPs lo que han hecho es traer más violencia”, dijo Ponce.
, vía El Nuevo Herald.
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