Algunos voceros de una oposición surgida para dividir y desmantelar a la oposición “de verdad” – y que Henrique Capriles llamó recientemente “ oposición oficialista”- han calificado la decisión de la AN de destituir a Maduro “por abandono del cargo” de inconstitucional, pues, según ellos, la AN se encuentra “en desacato” por decisión del TSJ y, mal puede un poder “inconstitucional” suspender a otro acusándolo de “inconstitucional”.
Opinión que, de plano, juzgamos absolutamente equivocada si se tratara de rebatirla en el orden jurídico, pero que, sobre todo, rechazamos porque se olvida de un detalle o fundamento muy importante que, pensamos, es lo que valida la legitimidad, pertinencia y constitucionalidad de la destitución de Maduro “por abandono del cargo”.
La decisión de la AN es más “política”, que “jurídica” y, por tanto, las razones que obligaron al Poder Legislativo a tomarla, se explican en razón de un hecho político que la hicieron urgente e inevitable y no en argumentaciones jurídicas que podrían haber contribuido, injustificadamente, a aplazarla o a anularla.
Ese hecho político es el “choque de poderes” que viene gestándose en Venezuela desde las elecciones parlamentarias del 6D, que rescataron, por decisión popular, la independencia y autonomía para el Poder Legislativo representado en la Asamblea Nacional y que, durante todo el 2016, se expresó en la guerra de baja intensidad que viene desarrollándose, entre la AN, de un lado; y los poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral, del otro.
Vale decir que, la decisión de la AN de destituir a Maduro “por abandono del cargo” -tomada tan pronto asumió, Julio Borges, la presidencia de la AN el cinco de enero pasado-, es la expresión concentrada de ese choque, por cuanto, aparte de estar estrictamente ajustada al espíritu y la letra de la Constitución, también trata de reasumir la ofensiva política que se había perdido durante los dos meses finales del año por haber cometido la oposición el error catastrófico de confiar en un falso diálogo con Maduro ya haber desmovilizado la calle.
Es decir, es un hecho político, y por tanto, debe basarse en la independencia y autonomía de la AN, en la manifestación del voto por mayoría absoluta de sus diputados y sin contar con autorizaciones, ni dispensas del Poder Ejecutivo que, en ningún caso, va dejarse convencer ni jurídica, ni constitucionalmente para perder el poder.
Que fue el Talón de Aquiles del Referendo Revocatorio que, al depender de decisiones de un poder público controlado por Maduro como el Electoral, terminó siendo boicoteado, aplazado y anulado por el CNE para que, al final, no se realizara. Así como tampoco se realizaron las elecciones a gobernadores y alcaldes, que por ley, debían celebrarse en diciembre del 2016, simplemente porque al régimen de Maduro no le convenía perder más parcelas de poder.
No es como andan diciendo ahora algunos de esos voceros, de la llamada oposición oficialista, que fue porque la oposición no las exigió o porque estaban «distraídos» luchando por el revocatorio, cuando es de todos conocidos que al lado de la lucha por el revocatorio, la oposición, también le exigía al régimen que debía convocar las elecciones para gobernadores y alcaldes.
En otras palabras que es un error, atribuirle al revocatorio, la culpa de que no se realizaran as elecciones regionales, y no al verdadero culpable que es Maduro y pandilla.
Y es que, señores Rosales, Falcón, Fermín y Fernández y compañia…!acuérdense, grábenselo, anótenlo!…Maduro, por iniciativa propia o porque lo diga la Constitución, no convocará más nunca elecciones: ni para que lo revoquen, ni para que el pueblo elija nuevos gobernadores y alcaldes y quizá, ni siquiera, para ser reelecto presidente de la República porque simplemente no puede darse el lujo de entregar el poder.
O, por lo menos, no en unas elecciones que no sean como las que acaba de realizar Daniel Ortega en Nicaragua y donde el único candidato fue él.
No, mientras exista, el régimen no volverá a pasar otro susto como el del 6D, ni otro año como el 2016, y para curarse en salud, siempre estará dispuesto a prometer que un diálogo “puede mejorar las cosas”, o que unas elecciones para gobernadores y alcaldes ayudarían a “alguna oposición” a sobrevivir.
¿Quiere decir que estamos proponiendo olvidarnos de las elecciones, no volver a ocuparnos de ellas e insistir en una estrategia de confrontación donde solo se medirían manifestantes y policías, alzados contra el gobierno y las fuerzas que saldrían a reprimirlos?
Para nada, en absoluto, pensamos que hay que insistir y salir a exigir las elecciones de gobernadores y alcaldes, pero como una forma de lucha para demostrar que Maduro es un dictador que le agarró fobia a los electores y a las elecciones y como parte de una estrategia de lucha más general donde lo fundamental sea salir de Maduro y no coexistir con el.
Y para ello, nada más adecuado que la AN, como demostración de independencia y apego a la Constitución, destituya a un presidente incompetente, corrupto y totalitario que “abandonó el cargo”, porque se ha cruzado de brazos ante la crisis humanitaria que destruye al país y se une a los enemigos de Venezuela para llevar a cabo su destrucción.
Pero sin esperar que, para cumplir con la Constitución, Maduro vaya a convocar las elecciones para gobernadores y alcaldes porque se lo piden unos opositores dialogantes que ha ganado para su causa y con los cuales piensa continuar hasta Dios sabe dónde.
El pueblo venezolano, la oposición de verdad y la AN que acaba de destituirlo por “abandono del cargo”, sabe que los próximos pasos deben ser desmontar los poderes que se han colocado al margen de la Constitución.