Nicolás Maduro abandonó a la carrera la Avenida Bolívar, espacio de tantas victorias preelectorales, tras presenciar cómo el chavismo no sólo perdió las urnas, sino también las calles. Una vez refugiado anteanoche en el Palacio de Miraflores, junto a su equipo de confianza, escuchó cómo estallaban las ollas durante el cacerolazo nacional con que la Mesa de la Unidad Democrática cerró una jornada histórica.
El ruido ensordecedor de los metales y de los cientos de miles de personas que exigieron el referéndum revocatorio para sacarlo del poder no hicieron vacilar al presidente: Maduro ordenó apretar aún más las tuercas radicales de la revolución, con nuevas detenciones de dirigentes opositores y con la difusión de pintorescos planes subversivos, que fueron presentados ayer ante el cuerpo diplomático establecido en Caracas.
La policía, incluso, se preocupó en perseguir y capturar al piloto del drone que sobrevoló la megamarcha pacífica para medirla.
El Servicio de Inteligencia Bolivariana (Sebin) detuvo ayer al alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Delson Guarate, tras hostigarlo durante toda la semana. «Tendrán que llenar estadios para meter presos a todos los venezolanos. Estoy dispuesto a dar la vida por Venezuela», clamó Guarate, miembro de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, el preso político más emblemático del chavismo.
De esta forma son ya tres los alcaldes detenidos y dos dirigentes, además del encarcelamiento de Daniel Ceballos. Mientras tanto, los servicios de inteligencia persiguen a varios más, como al diputado regional Lester Toledo.
Néstor Reverol, ministro de Interior acusado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, compareció ante la prensa para explicar un supuesto plan terrorista de la oposición, e incluso se animó a asegurar que habían frustrado un «golpe de Estado planificado» para las marchas del 1° de septiembre. Afirmaciones que muy pocos creen en Venezuela, sobre todo tras comprobar cómo anteayer la llamada Toma de Caracas se convirtió en una inmensa demostración cívica y pacífica y no en un acto subversivo, como anunció el gobierno con bombos y platillos bolivarianos.
Las fuerzas policiales encontraron un «campamento paramilitar» a unos cuantos kilómetros de Miraflores. «Estamos en presencia de un fusil 556 para uso de francotiradores, con una mira telescópica de alta precisión y supresor de sonido denominado silenciador», explicó Reverol. Fueron múltiples acusaciones, sin demostrar, se hicieron en tres años de mandato de Maduro. Incluso él mismo anunció hace semanas que habían detenido a unos francotiradores antes de un mitin presidencial.
«Ahora sale el gobierno con cuentos de planes conspirativos y es todo lo contrario. No pisemos el peine [palito] de la violencia, la radicalización del gobierno es para opacar la mayoría que representamos, somos el 80% los que queremos cambio», dijo el líder opositor Henrique Capriles.
Sobre la oposición pende otra espada de Damocles: el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para sus diputados. «El Parlamento es quien califica a los miembros de la Asamblea Nacional y sólo la Asamblea puede levantar la inmunidad de un diputado», recordó Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, insultado de forma reiterada por Maduro durante las últimas semanas. «Estamos ante una amenaza muy grave, tentación propia de regímenes autoritarios», alertó el también legislador Juan Miguel Matheus.
La nueva ofensiva gubernamental no logró sofocar la satisfacción general tras las marchas de anteayer, un pulso en la calle ganado por la oposición. Y por goleada. «Antes que medir fuerzas en la calle, debemos unir esa fuerza para enfrentar la crisis», expuso el general Miguel Rodríguez Torres, compañero de Chávez pero crítico de Maduro
Ayer también se hizo pública la formación de una nueva unidad de inteligencia militar, que reportará directamente al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Más poder aún para el militar que se mantiene a la sombra de Maduro.
La SIP condenó el autoritarismo
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer al gobierno de Venezuela por no ofrecer las debidas garantías al ejercicio del periodismo y lo responsabilizó por la merma de las libertades de prensa y de expresión tras conocer que se impidió el ingreso en el país a periodistas internacionales para la cobertura de la marcha «Toma de Caracas», en respaldo al referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, expresó que «esta situación desenmascara el lado autoritario del gobierno, alejado de estándares democráticos».
La Nación