Diez meses después de ganar por mayoría absoluta la Asamblea Nacional el 6D, la oposición democrática ha aprobado un acuerdo histórico, donde, declara que Maduro perpetró un golpe de Estado contra la Constitución al no reconocer el derecho de los venezolanos a convocar un Referendo para revocarle el mandato y llama al pueblo a rebelarse y luchar para restituir la Carta Magna.
Es, de jure, una invocación del artículo 350 de la Constitución que, en su desarrollo más específico, establece que, todo venezolano está en la obligación de activarse, por las formas legales que existan, para restablecerla si ha sido violada o usurpada.
Pero que, en ningún caso, cierra las vías para que “los rebeldes” que encabezan el Poder Ejecutivo presidido por Maduro y la oposición democrática representada en la AN, se sienten y busquen una solución que satisfaga a las partes y así sean salvados la paz, la convivencia y la Constitución.
Pero eso sí, sin que se negocie el Referendo Revocatorio, que es el centro de la divergencia que separa a gobierno y oposición y cumple con la normativa legal para que la crisis política, económica y social que estremece al país sea resuelta pacífica, electoral y constitucionalmente.
Por tanto, sin que se convierta en pretexto para la persecución y la retaliación de los perdedores, sino en un espacio de reencuentro donde vuelvan a reunirse los venezolanos sin distingo de ideología, partidos, edades, género o religión.