En los más de tres meses de protestas en Venezuela destacan el ensañamiento y la violenta alevosía de la policía y de la Guardia Nacional Bolivariana contra los manifestantes. Lo prueban no solo el elevadísimo número de arrestos por protestas y actos represivos entre abril y julio de 2017, sino también de heridos –un promedio de 300 cada día– y los asesinados por balas, bombas lacrimógenas o de perdigones disparados a quemarropa.
Pero lo que más llama la atención ha sido el silencio militar ante lo que está ocurriendo. El ejemplo más reciente es el feroz ataque perpetrado por una gavilla de paramilitares contra la Asamblea Nacional ante la mirada indiferente pero cómplice de la GNB.
Esto es algo muy grave, pero, sobre todo, sorprendente, porque en 2002 por mucho menos que eso, el Alto Mando Militar le exigió al presidente Hugo Chávez la renuncia a su cargo. Hace poco, Vladimir Padrino, mayor general del Ejército y ministro de la Defensa, reconociólas graves violaciones a los derechos humanos por parte de la GNB y exhortó al cese de las “atrocidades”, pero estas han continuado ocurriendo como si nada.
La explicación más común sobre la apatía castrense es que los militares venezolanos están “comprados”. Sus miembros, en efecto, no padecen las penurias comunes a los ciudadanos porque el gobierno chavista se ha ocupado de mimarlos con toda clase de prebendas –bienes, recursos, carros, viviendas y dinero– que en la cada vez más deprimida economía venezolana solo están al alcance de una casta de privilegiados. El Ministerio de la Defensa venezolanogoza de un presupuesto nueve veces mayor que el Ministerio de Alimentación y está también muy por encima del Ministerio de Salud.
Por ejemplo, hace unos días, después de que el coronel Vladimir Lugo, de la GNB, agredió al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges, Maduro le concedió en un acto público la “Cruz de la Guardia Presidencial”. Los miembros del destacamento de la misma GNB que permitieron otra reciente agresión de los grupos de civiles armados contra la Asamblea Nacional fueron premiados con la medalla de “Honor al Mérito”. Antes de eso, otro grupo de GNB también había sido condecorado por su labor “intachable” en los actos de represión recientes. Maduro se refirió a ellos –lo que no deja duda de la intención política del evento– como víctimas de la “oposición violenta”.
No es solo esto, por supuesto, lo que explicaría la inercia militar. No es que los militares subalternos y la tropa no padezcan, al menos en cierta medida, las privaciones generales, pero cuentan con mejores y más eficaces herramientas para enfrentar la aguda crisis del país.
En 2013, el gobierno creó el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ofrece facilidades de crédito y productos bancarios de cómodo acceso a los miembros y personal administrativo de la FANB. Y otros bancos controlados por el gobierno les brindan oportunidades que no existen para el resto de la población. Son también comunes los planes de vivienda y los operativos de salud dirigidos exclusivamente a los militares y a sus familias. Para los militares, al menos en sus cuarteles, sí son accesibles medicinas y alimentos que son imposibles de obtener fuera del mercado negro y a precios exorbitantes. Desde todo punto de vista, los militares son una casta aparte del venezolano común y sus problemas.
Salvo por la GNB, no se ha visto a ningún otro componente militar participando significativamente en la represión de la ciudadanía. Esto podría indicar que no existe entre los uniformados el apoyo irrestricto a Maduro que él y sus voceros pregonan, y, de hecho, están los 123 militares detenidos y acusados de traición y otros delitos.
La oposición venezolana debe buscar la manera de convencer a los oficiales medios y a la tropa en contra de la propaganda gubernamental que afirma que si la oposición llega al poder los privará de los beneficios con los que han sido favorecidos a lo largo de ya casi dos décadas. También debe luchar contra la percepción generalizada según la cual todo uniformado, sea o no de la GNB, es necesariamente un cómplice de las atrocidades de un régimen que solo los cuida para que pongan sus armas al servicio del grupo que se aferra al poder. Mientras ese trabajo no se haga, las puertas de los cuarteles seguirán cerradas a las aspiraciones mayoritarias de cambio, y la llave que puede abrirlas permanecerá en Miraflores.
Gonzalo Himiob Santoné es abogado, profesor universitario y director de la ONG Foro Penal Venezolano.
Especial/The New York Times