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Como el tipo que sometido a un peligro inminente la agarra por silbar, está reaccionando Maduro ante la noticia de que, el capitán de corbeta, Leamsy Salazar, se acogió al programa de protección de testigos de la DEA y está contando todo lo que miró, oyó y archivó durante los 10 años que se desempeñó como jefe del primer anillo de seguridad de Chávez, sobre la relación de los gobiernos del “presidente eterno” y su sucesor con el narcotráfico.
Un expediente que desde hace aproximadamente ocho años viene acumulando la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, que fue fundamental para que el gobierno de Estados Unidos acusara a los oficiales Hugo “El Pollo” Carvajal, Henry Rangel Silva, Clíver Alcalá Cordones y Ramón Rodríguez Chacín de introducir toneladas de cocaína en su territorio, y al que, con toda seguridad, se incorporarán las deposiciones del capitán, Salazar, en su alegato final contra los dos gobiernos “revolucionarios”.
Este podría ser la imputación a Maduro, Cabello, y otros jefes del chavismo-madurismo por el delito de narcotráfico, y su comparecencia a una Corte Federal que, previa realización de un juicio, los declararía “culpables o inocentes”.
Pero ya la imputación en sí significaría un duro golpe para la legalidad y legitimidad de Maduro, pues, a partir de la misma, será imposible que gobiernos latinoamericanos y de otras latitudes sostengan relaciones “normales” con su régimen, así como será ínfimo el margen de maniobra que le queda frente a multilaterales de este y otros continentes.
Por todo eso, consideramos absolutamente ilógico y de una inutilidad hiperbólica que Maduro esté enfrentado su sacudón “a lo Noriega”, acusando a los acusadores de “golpistas”, de estar haciéndole un cerco a su administración, en vez de responder a la Fiscalía de Nueva York y a Salazar con hechos, testimonios y documentos, que son las armas que podrían ayudarlo en una guerra sin cuartel con la ley… que es de lo que menos sabe.